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Del ejercicio responsable de la función legislativa

editorial

La Corte Suprema de Justicia (CSJ), rechazó la solicitud de antejuicio planteada por los diputados Sandra Morán y Leocadio Juracán, para retirar la inmunidad al presidente de la República, Jimmy Morales, por considerar que el mismo se sustentaba en motivos espurios o políticos. Los legisladores solicitaron el retiro de la inmunidad del mandatario, pues a su criterio habría incurrido en la comisión de cinco delitos, responsabilizando directamente al presidente de la tragedia registrada en el recientemente clausurado Hogar Seguro Virgen de la Asunción, escenario donde un voraz incendio terminó con la vida de 41 menores.

Sin embargo, la CSJ rechazó la petición de Morán y Juracán, In límine, es decir, en el umbral o desde su presentación pues las motivaciones de los congresistas resultan evidentes, tanto por la acción presentada como por las intenciones que se adivinan tras la solicitud, pues no es la primera vez que grupos afines a los legisladores, se han manifestado solicitando la renuncia del mandatario. Por lo que la notoria motivación política que acompañaba la acción no escapó al criterio del pleno de la Corte, que falló de conformidad al derecho al no caer en el juego político provocado por los dos parlamentarios.

No obstante, resulta sumamente importante que los operadores políticos ejerzan su función pública de manera responsable y en atención a las necesidades de todo el país y no solamente de un segmento poblacional. Pues con la presentación de acciones espurias, no se aporta en la construcción de una institucionalidad sólida, sino por el contrario, se debilita al Ejecutivo, en lugar de fortalecerlo, aspecto necesario en la actual coyuntura, pues el mandatario necesita tomar decisiones urgentes destinadas a mejorar los niveles de seguridad y gobernabilidad.

A la vez de generar las condiciones ideales para la inversión y la creación de más fuentes de capacitación y empleo, para garantizar el acceso a las oportunidades y a la paz en nuestro país, aspecto que se dificulta si él debe defenderse de acusaciones y peor aún si estas carecen de fundamento válido.

Por su parte, la sociedad civil, debe permanecer atenta a la legitimidad de las acciones desarrolladas por sus representantes electos libre y democráticamente, para lograr el efectivo funcionamiento de los mecanismos de justicia, fiscalizando adecuadamente tanto las peticiones como las potenciales consecuencias de acciones ilegítimas como la rechazada ayer por el pleno de magistrados de la CSJ. Pues los solicitantes, aparentemente buscan privilegiar el camino del caos y la ingobernabilidad, que la búsqueda de soluciones efectivas para las múltiples necesidades que padece el pueblo de Guatemala, desde las que se originan como consecuencia de la desnutrición crónica infantil y la falta de educación, hasta la violencia sin freno que enluta a diario a tantas familias guatemaltecas como resultado de las acciones de la delincuencia común y el crimen organizado.

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