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Los últimos días han sido de ataques virulentos e injuriosos contra la diputada Sandra Morán. La mayoría de ellos han sido proferidos anónimamente, escondidos en falsas campañas informativas o en perfiles de redes sociales evidentemente ficticios. La diputada es satanizada por su anterior militancia revolucionaria, intentando vincular su demanda por que se le retire el antejuicio al presidente con una conspiración ultramontuna que estaría pretendiendo el comunismo en Guatemala.

La acusación resulta tirada de los cabellos, pero muestra clarimente que detrás del señor Morales están los grupos más oscuros y obsoletos del país. Para ellos, el comunismo es la acusación que en el pasado reciente les permitió secuestrar, torturar y asesinar a cientos de ciudadanos, y ahora es la palabra mágica con la que quieren proteger a su irresponsable gobernante, no tanto para salvarlo, sino para salvarse ellos de acusaciones posteriores de corrupción y crímenes contra la humanidad. Imaginan que salvado el jefe, la justicia retrocederá en la persecución de estos delincuentes y todo volverá a ser como era cuando con Pérez Molina o Berger reinaba la impunidad.

La demanda interpuesta por los diputados Morán y Juracán tiene sentido y coherencia, pues, según las evidencias, incluida la entrevista que diera a CNN en Español, Morales supo del candado con el que se encarceló ilegalmente a 56 niñas que estaban bajo el cuidado del Estado de Guatemala, del que es jefe máximo por voluntad de la mayoría de los guatemaltecos. Su culpabilidad en la muerte de las 41 víctimas no se circunscribe a que irresponsablemente haya nombrado a personas incapaces para dirigir la Secretaría de Bienestar Social, ratificando con ello el nombramiento de los demás funcionarios.

Es responsable, y en alto grado, porque luego de ser informado por un funcionario menor -el comisario policial- de la reclusión y violencia contra las niñas, no ordenó suspender esas medidas que causaron tan terribles muertes. Autoritario y prepotente, decidió tomar el mando de las acciones, a todas luces ilegales. No fue él quien produjo el incendio, pero fueron sus decisiones las que desesperaron a las niñas e impidieron que los policías les brindaran el debido auxilio.

No hay ninguna conspiración contra el presidente Morales. Los diputados Morán y Juracán actúan apegados a derecho, así lo ha entendido finalmente el MP y es de esperar que así lo entiendan, primero el juez pesquisidor y luego la comisión del Congreso que se tendría que nombrar para investigarlo. No hay ningún complot ni búsqueda de imponer por la fuerza un gobierno diferente. De ser obligado a responder en un juicio que le impidiera dedicarse a tiempo completo a su función presidencial, las leyes tienen definida claramente la línea sucesoria, la cual indica que el actual vicepresidente debe asumir el cargo.

En términos ideológicos y políticos nada cambiaría, pues tanto uno como otro responden a la misma manera autoritaria, populista y conservadora de entender el poder. ¿Por qué entonces tanto alboroto entre sus adláteres y corifeos? Todo conduce a pensar que, interesados en mantener los mantos de impunidad que hasta ahora han cubierto a los criminales de cuello blanco -corruptos y corruptores- y los de charreteras perpetradores de crímenes contra la humanidad-, la permanencia de Morales en el poder les permitiría continuar impunes. Muestra de ello es la lenidad con que ha sido tratada por los cuerpos de seguridad la fuga del exoficial y exdiputado Édgar Ovalle.

Morales, quien recientemente declaró ante las cámaras de Univisión que la corrupción es algo normal, dejando en evidencia que fue cómplice de los crímenes de evasión y fraude cometidos por su hijo cuando aún era menor de edad, quiere hacer creer que juzgarle resultaría un acto inconstitucional, cuando está más que claro que ha sido él quien ha incumplido las leyes al aceptar el encarcelamiento de las niñas, quienes, como ya se ha demostrado, no estaban en conflicto con la ley, afirmación tendenciosa en la que él insiste. Morales llegó al poder para cumplir estrictamente la legislación vigente. Él le falló a esas 56 niñas, de las cuales 41 murieron calcinadas o asfixiadas y debe responder en juicio por ello. Aquí no hay conspiración, ni golpe ni comunismo, solamente justicia.

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