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Por tres amparos, elección de PDH no avanza

editorial

La designación del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), enfrenta varios obstáculos para realizarse pues, aunque está conformada la terna, de la cual será electo el nuevo Magistrado de Conciencia, existen tres procesos constitucionales de amparo, planteados contra el proceso de elección al aducir que está viciado. La terna, electa por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, está compuesta por Augusto Jordán Rodas, Claudia López y Ricardo Alvarado.

Sin embargo, tras su elección, uno de los candidatos postulantes al cargo de PDH no elegido entre los tres que se disputarán el cargo, planteó varios amparos en contra del proceso de elección, señalando directamente a la diputada Nineth Montenegro de haber alterado ilegítima y arbitrariamente la elección; a la vez que el Sindicato de Trabajadores de la PDH, señaló ilegalidades al permitir la participación de López, a quien señalan de la comisión de varios delitos.

La función del Procurador de los Derechos Humanos, está plenamente establecida y delimitada en la Constitución Política de la República, estableciendo que el mismo es un comisionado designado por el Congreso de la República y cuyas funciones se enfocan en velar por el respeto de los derechos humanos en el país, mediante la constante supervisión del cumplimiento de las condiciones de res peto a los mismos. Sin embargo, la figura ha visto opacado su desempeño al limitarse sus funciones a las de solo denuncia, sin que las resoluciones que emite tengan fuerza ejecutoria.

Si bien la labor que desarrolla la PDH es de suma importancia para el desarrollo de un clima que permita la paz social y la seguridad en nuestro país, es importante que su gestión sea reevaluada constantemente por las autoridades que el Congreso elija y de esta forma garantizar la eficiencia de una institución cuya gestión no resulta visible en la cotidianeidad guatemalteca, en términos generales, pero cuya importancia es determinante para lograr que las instituciones del Estado ejerzan sus funciones en respeto a los DDHH.

El Organismo Legislativo debe, por su parte, permanecer vigilante a la gestión de su comisionado y a la adecuada fiscalización de los fondos destinados para el funcionamiento de la Procuraduría, a efecto de garantizar la transparencia así como la calidad del gasto sin importar las filiaciones políticas ni compadrazgos que interfieran con la delicada labor de verificar el cumplimiento de los derechos humanos en un país con un creciente índice de violaciones a los mismos.

A su vez, la sociedad guatemalteca debe aprender a implementar la cultura de la denuncia ante la institución destinada a salvaguardar el cumplimiento de los derechos humanos y que esta cumpla adecuadamente con su función independientemente de quién resulte electo para dirigir la PDH.

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