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Cerrar la indiferencia

editorial

La decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) de ordenar el cierre definitivo del inmueble que alojó durante varios años el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, fue anunciada ayer en una conferencia de prensa organizada por el colectivo Mujeres Transformando el Mundo.

Tras un fallo que confirma la disposición de la Sala de la Corte de Apelaciones, la cual ordenó oportunamente el cierre definitivo de las instalaciones del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, que el pasado 8 de marzo, fue el escenario donde se produjo un dantesco incendio que terminó con la vida de 41 adolescentes que permanecían bajo la custodia del Estado.

Es importante señalar que la decisión judicial que debe acatar la Secretaría de Bienestar Social (SBS) de la Presidencia, debe ser interpretada por la ciudadanía como un acto oportuno y valioso en favor de preservar a la niñez guatemalteca institucionalizada, de volver a ese edificio cuyas paredes están manchadas por el estigma de la tragedia, en donde terminó la vida de las menores guatemaltecas, ausentes de oportunidades y cuyo único delito fue vivir en un país que les quitó sistemáticamente todo y cuyo trágico fin no debe ser olvidado sino todo lo contrario siempre tenerlo presente.

Trascendiendo la decisión de colocar un monumento funerario en el lugar en honor a las víctimas, es preciso honrar la memoria de ellas, atendiendo con cuidadosa dedicación las necesidades de una niñez olvidada crónicamente por la sociedad guatemalteca, que por diversas circunstancias requiere de la tutela efectiva por parte del Estado, en condiciones adecuadas para su bienestar físico y psicológico, lo cual se vería seriamente afectado al ubicarlos en el estigmatizado recinto.

Las autoridades de la SBS enfrentan ahora el desafío de cumplir con lo ordenado por la Sala de Apelaciones de la Niñez y Adolescencia, tras la denegación del recurso interpuesto ante el órgano constitucional y atender en conjunto con las autoridades del Consejo Nacional de Adopciones (CNA) y la Procuraduría General de la Nación (PGN), para definir de manera prioritaria la ubicación de los menores de edad que aún continúan en el recinto, en nuevas instalaciones y el cierre definitivo del Hogar Seguro, tras la conclusión de dicho proceso.

Sin embargo, persiste la duda sobre qué hacer con el inmueble que fue escenario de una tragedia dolorosamente, evitable.

Más allá de lo que las autoridades decidan hacer con el inmueble resulta necesario que la sociedad guatemalteca, en su conjunto, demande el urgente establecimiento de las condiciones dignas de vida a la niñez guatemalteca institucionalizada, abriendo de una vez por todas los candados burocráticos y políticos que reducen su eficacia y permaneciendo constantes en la búsqueda de condiciones de estabilidad e inversión que propicien fuentes de empleo y seguridad a todo nivel que produzcan que menos niños y adolescentes deban ser institucionalizados por parte del Estado, al contar sus progenitores con los suficientes recursos y condiciones para educarles y formarles, adecuadamente, con tanto amor como firmeza necesiten para alcanzar su pleno desarrollo.

 

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