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Los dignatarios de la Nación (I)

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El artículo 161 de la Constitución dice que los diputados son representantes del pueblo y dignatarios de la nación. Según el Diccionario de la Lengua Española dignatario es una persona investida de una dignidad. Dignidad, entre otras acepciones, tiene la de cargo o empleo honorífico y de autoridad, y también gravedad y decoro de las personas en la manera de comportarse. En consecuencia, la condición de dignatario está vinculada, como dos caras de una moneda, a la investidura que tiene la persona -en este caso el diputado- por el desempeño de un cargo, que le confiere una dignidad especial, y a la manera cómo una persona se comporta. La primera – la investidura – sería la parte formal, y la segunda – el comportamiento – la parte real. Si un diputado se comporta de manera indigna, pierde toda autoridad moral.

En el caso del Congreso guatemalteco, casi desde el retorno a la democracia en 1985, los diputados han ido perdiendo de manera creciente y cada vez más extendida -pues las excepciones son cada vez las menos -la dignidad en el desempeño de sus cargos y por consiguiente la autoridad moral para esperar que sus representados les aprecien y les den las consideraciones debidas a la dignidad de la que están investidos. Todo lo contrario, los diputados son los funcionarios públicos peor calificados y los que, lejos de dar muestras de voluntad para enmendar sus actuaciones y recuperar la confianza de la ciudadanía, no tienen reparo alguno para actuar como si fueran unos vulgares ladronzuelos, cuando hay oportunidad de aumentar el disfrute del cargo y la consecución de prebendas.

En el último escándalo provocado por los diputados, relacionado con validar retroactivamente el pago del aguinaldo y Bono 14 sobre la totalidad de remuneración y pretender el pago de indemnización al concluir sus períodos, se quitaron las corbatas con las que ridículamente se identifican como pertenecientes a un determinado político -algunos tendrán verdaderas colecciones, que cubren toda la escala cromática- poniendo en evidencia que, como los mosqueteros de Dumas, cuando se trata de asaltar la hacienda pública son todos para uno y uno para todos.

“Dignidad, entre otras acepciones, tiene la de cargo o empleo honorífico y de autoridad, y también gravedad y decoro de las personas en la manera de comportarse”.

Sería interesante, especialmente para saber quiénes son los diputados que se comportan con dignidad, conocer quiénes votaron en contra o se abstuvieron. Conviene iniciar una discusión sobre si los funcionarios -entre ellos los dignatarios públicos se pueden equiparar en derechos a los trabajadores o es conveniente hacer una diferenciación. Para comenzar, la Constitución de la República distingue entre trabajadores del Estado, en la sección correspondiente (del artículo 107 al 117), de quienes en el artículo 154 llama funcionarios públicos.

La Ley de Probidad y Responsabilidad de los Funcionarios y Empleados Públicos hace también, incluso en su mismo título, tal distinción, pero no define qué es un funcionario público y qué es un empleado público. Según el Diccionario de la Lengua Española funcionario es la persona que desempeña profesionalmente un empleo púbico, por lo que puede decirse que la diferencia entre funcionario y empleado público está dada por la posición en la escala jerárquica de la administración. Funcionario es alguien que ejerce un cargo de elección popular o de dirección hasta cierto nivel -como ministro, director general, director o gerente de una entidad- y empleado es el subalterno.

La Ley de Servicio Civil, que rige para el Organismo Ejecutivo y entidades autónomas y descentralizadas indica que servidor público es toda persona que ocupa un puesto en la administración pública en virtud de nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo legal. La clasificación que hace de los servidores públicos puede ayudar a diferenciar entre las obligaciones y derechos de los funcionarios y de los trabajadores o empleados públicos.

La expresión servidor público es apropiada, pues indica la finalidad de todo cargo público: el servicio a la ciudadanía, al pueblo que con el pago de impuestos hace que sea posible remunerar los servicios prestados. Dicha ley, en su artículo 31 clasifica a los servidores en servicio exento, servicio sin oposición y servicio por oposición. El servicio sin oposición está integrado por los ministros y viceministros, secretarios y subsecretarios, directores generales, gobernadores y otros funcionarios. En una eventual reforma de esta ley debe revisarse esta clasificación, para lograr que los directores generales sean funcionarios de carrera (continuará).

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