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La confusión entre responsabilidad penal y responsabilidad política

NUEVO
Por: Ignacio Andrade

Ha causado revuelo una serie de capturas ordenadas por un Juez de Primera Instancia Penal a solicitud del Ministerio Público en el caso de Hogar Seguro. Igual revuelo causa la carta de naturaleza o espaldarazo dado por el Ministerio Público a una solicitud de antejuicio de origen político iniciada por dos diputados al Congreso de la República en contra del Presidente de la República al remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia.

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Nos parece que el Ministerio Púbico ha confundido la indignación natural ciudadana que ha existido en el caso de Hogar Seguro por la displicencia y falta de acción de funcionarios públicos (que causa una responsabilidad política), con la participación en los actos preparatorios, de ejecución y consumación de un delito (que causa una responsabilidad penal).

Para el lector no acostumbrado a temas jurídicos, el empleado de la gasolinera que le puso gasolina al carro de una persona que con posterioridad paso atropellando a una persona a quien le causó lesiones, no tiene responsabilidad penal, porque conforme la teoría de la causa del delito no es responsable.

Conforme nuestro Código Penal, es responsable penalmente el que participa en el hecho delictivo en la causa que normalmente es idónea para producir el daño o resultado delictivo. Echar gasolina a un carro normalmente no es eficiente ni idóneo para producir la muerte de personas. Conducir un vehículo en estado de ebriedad si lo es. Por ello quien atropella a una persona en estado de ebriedad debe ser juzgado penalmente, el que le echó gasolina al carro no.

“Que exista un clamor por encontrar responsables no debe obligar al Ministerio Público ni al Organismo Judicial a irse en contra de la razón y de la ley para ejercer sus funciones”.

De la misma manera, el funcionario público que nombró a una persona normalmente idónea para ejercer un cargo público no tiene responsabilidad penal, y por ello la teoría de la responsabilidad jerárquica del superior sobre los hechos e un subordinado es una patraña jurídica si se utiliza por si sola para condenar a un superior por los actos de un subordinado o para solicitar un antejuicio o una captura. Si los actos van acompañados de una orden directa, por supuesto habrá responsabilidad penal.

En ausencia de una orden, la responsabilidad penal implicaría un control de cada acto realizado por el subordinado, que es material y físicamente imposible de controlar. Que exista un clamor por encontrar responsables no debe obligar al Ministerio Público ni al organismo judicial a irse en contra de la razón y de la ley para ejercer sus funciones. Este clamor debe de resolverse exigiendo que los funcionarios responsables por responsabilidad política (no jurídica) renuncien de su cargo, pues evidentemente la confianza de la población sobre la idoneidad para cuidar los intereses públicos se ha perdido.

Que la procuradora de la niñez y la adolescencia de la PGN o de la PDH debieron haber renunciado, definitivamente, pero de eso a verse arrastrados a un tribunal porque un fiscal o un juez decidieron que el clamor era demasiado y debían actuar sin importar que la ley no les diera esa responsabilidad penal es ir demasiado lejos.

Bajo ese criterio no será que la próxima vez que un asesino salga libre y vuelva a mater el fiscal que no obtuvo la condena va a ser penalmente responsable? Creo que el fiscal y el juez deben medir sus actuaciones con la misma regla que la que están midiendo estas capturas y luego decidir si sus actuaciones son adecuadas.

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