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Cuestionable solicitud de antejuicio

editorial

Ayer el Ministerio Público (MP) trasladó al Organismo Judicial una solicitud de antejuicio en contra del presidente Jimmy Morales por su presunta responsabilidad en los hechos que culminaron en la tragedia sucedida en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, el pasado 8 de marzo.

La solicitud de antejuicio contra el presidente, presentada en el ente investigador por dos diputados de la bancada Convergencia, Leocadio Juracán y Sandra Morán, detalla la supuesta comisión de cuatro delitos por parte del presidente de la República: incumplimiento de deberes, tortura, ejecución extrajudicial y abuso de autoridad.

Al analizar la solicitud formulada por los legisladores es preciso señalar que aunque forma parte de sus funciones legislativas, es necesario profundizar en el análisis de las circunstancias en que se produjo la tragedia de manera objetiva e imparcial y si bien es necesario deducir las responsabilidades civiles y penales correspondientes a quienes sean hallados culpables de lo ocurrido, también es necesario que los legisladores ejerzan responsablemente su función fiscalizadora del ejercicio del poder público, pues la acusación que formulan contra el mandatario, resulta ineficaz, cuando menos, al no ajustarse los hechos ni el contexto en que se produjeron con los tipos delictivos en que se pretenden encuadrar las acciones de Morales.

Cabe añadir que el día de ayer fueron capturadas cinco personas, entre funcionarios empleados, vinculados a este caso, pero que ninguno pertenece al MP, ente encargado de dar seguimiento a las múltiples denuncias de abusos a las menores, previo al fatal acontecimiento, pero que no accionó sino después de los hechos.

Los funcionarios capturados son Gloria Patricia Castro, defensora de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH); Harold Augusto Flores Valenzuela, jefe de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la Nación (PGN); Brenda Julissa Chamam Pacay, jefa del Departamento de Protección Especial contra el Maltrato en Todas sus Formas; el subcomisario de la Policía Nacional Civil (PNC), Luis Armando Pérez Borja y la subinspectora de la misma institución Lucinda Eva Marina Marroquín Carrillo.

Aunque es de suma importancia determinar la responsabilidad del Estado en la tragedia, también lo es que las investigaciones se conduzcan de manera objetiva y que no se excluya de la misma a los miembros del ente investigador que deberían haber dado seguimiento al caso y que no lo hicieron en su oportunidad. A la vez, es esencial que las autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) analicen la procedencia de la solicitud de antejuicio formulada en contra del presidente bajo una luz imparcial, pues parece evidenciar más la intención de los diputados de defenestrar a Morales que de lograr la legítima averiguación de la verdad, pilar fundamental de la aplicación de justicia.

Siglo.21 hace un llamado a todos los guatemaltecos comprometidos con mantener la institucionalidad y sacar a Guatemala del caos en el que se encuentra, para que permanezcamos atentos en el sentido de salvaguardar una Guatemala LIBRE, JUSTA, SOBERANA E INDEPENDIENTE. Y la defensa de la LIBRE EMISION DEL PENSAMIENTO, garantizado en el artículo 35 de nuestra Constitución Política de la República

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