El Siglo

Limitar el amparo ¡y pronto!

Quede claro: la causa de los procesos de amparo no radica exclusivamente en los procesos penales. Nuestra Constitución (Art. 265) instituye el amparo con la finalidad de proteger en general a las personas contra “las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido”. Y por ello dispone que: “No hay ámbito que no sea susceptible de amparo, y procederá siempre que los actos, resoluciones disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan.”

Se trata de una “garantía contra la arbitrariedad”, como dice la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. La justificación de todo este entramado radica en el Preámbulo de nuestra Carta Fundamental, que reconoce “la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social”.

Para cumplir su propósito la Constitución establece también el principio general que en materia de derechos humanos los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno (Art. 46).

“Me preocupa la Iniciativa legislativa 5299 que a reserva de comentarla detenidamente próximamente porque pretende restringir el amparo valiéndose inclusive de requisitos formalistas”.

Esto viene al caso porque la Convención Americana sobre Derechos Humanos, bajo la rúbrica de “Protección Judicial”, dispone en su artículo 25 que “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales” y que “Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.” Me preocupa la Iniciativa legislativa 5299 que a reserva de comentarla detenidamente próximamenteporque pretende restringir el amparo valiéndose inclusive de requisitos formalistas. Todo para impedir que se “abuse” del mismo.

O sea que su motivo inspirador no es otro más que el casuismo: una reacción ante la interposición de los amparos surgidos a consecuencia de procesos de naturaleza penal, olvidando que no son la única causa de los amparos. Sumo a lo anterior el hecho de que la Corte de Constitucionalidad, con inteligencia hay que reconocerlo, se ha preocupado últimamente de depurar paulatinamente los posibles abusos porque es innegable que los hay, hubo y habrá-; de manera que, en mi opinión, es preferible que el problema se siga resolviendo con criterio jurisprudencial antes que de por medio de una reforma legislativa porque este último caso se presta a la comisión de abusos irreparables y porque repito una reforma así planteada es algo peor, cual es legislar casuísticamente.

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