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En el gremio de los abogados se dice que las resoluciones “gallogallina” son aquellas ambiguas, poco claras, que resuelven el asunto a medias. Significa que no brindan certeza jurídica, es decir no son “ni de aquí ni de allá”, y que únicamente fueron emitidas con el fin de dorar la píldora y finalmente constituyen una injusticia.

Así, un gallo-gallina se aprecia en la sentencia de la Corte de Constitucionalidad en donde resolvió que las hidroeléctricas Oxec pueden continuar con sus operaciones por un año, pero ordena que se realice la consulta establecida en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribunales.

El pasado mes de febrero la Corte Suprema de Justicia suspendió las operaciones de esas hidroeléctricas al determinar que el Ministerio de Energía y Minas autorizó el proyecto sin que se realizara la consulta comunitaria. El derecho de consulta ha sido abordado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en distintas sentencias y ha expresado que: “Los Estados tienen la obligación de consultar a los pueblos indígenas y garantizar su participación en las decisiones relativas a cualquier medida que afecte sus territorios, tomando en consideración la especial relación entre los pueblos indígenas y tribales y la tierra y los recursos naturales”.

“Este tipo de sentencias son las que crean un rechazo profundo por parte de los pueblos indígenas a la justicia occidental, porque no se reconocen ni garantizan los derechos territoriales y de identidad…”.

Así mismo, establece el consulta debe “estar dirigida a obtener su consentimiento libre e informado”, y enfatiza que para la protección real de esos derechos, es compromiso realizar consultas efectivas y previas. En el informe de la Comisión Interamericana 40/04 se ha sostenido que: “Los pueblos indígenas y tribales tienen formas de vida únicas, y su cosmovisión se basa en su estrecha relación con la tierra. Las tierras tradicionalmente utilizadas y ocupadas por ellos son un factor primordial de su vitalidad física, cultural y espiritual”.

De la lectura de las manifestaciones e interpretaciones que han efectuado estos dos órganos interamericanos de derechos humanos, respecto al derecho de consulta y la cosmovisión de los pueblos indígenas, se puede deducir que la sentencia compromiso que la de la Corte de Constitucionalidad está alejada de los estándares internacionales, porque definitivamente el Estado de Guatemala, a través del Ministerio de Energía y Minas incumplió con llevar a cabo de forma previa la consulta obligatoria, por lo tanto, no se pueden autorizar operaciones si en el debido proceso, se ha dejado de realizar preliminarmente la consulta de conformidad con el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas.

Este tipo de sentencias son las que crean un rechazo profundo por parte de los pueblos indígenas a la justicia occidental, porque no se reconocen ni garantizan los derechos territoriales y de identidad, ni se otorgan a esas comunidades la protección judicial de sus derechos e intereses. En la aplicación de justicia, no prevalece la equidad, sino que otros intereses.

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