Home > Columnas > Panzós, 39 años sin olvido
opinion

Se cumplieron 39 años sin justicia. El 29 de mayo de 1978 cientos de personas fueron masacradas por soldados del Ejército Nacional. Fue en el parque de la localidad cuando alrededor de unos mil vecinos mayas, según la prensa, se encontraban manifestando en forma pacífica demandando la regularización de tierras y la devolución de las que fueron despojadas por finqueros y autoridades desde décadas anteriores.

El caso fue llevado a Tribunales en el período posterior a los Acuerdos de Paz; entre muchos otros, el vecino que fuera alcalde cuando la masacre, prestó declaración. Indicó que los comunitarios iban desarmados, que durante las múltiples protestas que realizaron jamás llevaron armas. Describió con detalle la manera en que los soldados dispararon a mansalva. Esto fue ratificado por sobrevivientes. La versión del gobierno y los mandos del Ejército en aquellos años fue contraria, aún sostenida en la actualidad por interesados en desdibujar la verdad y mantener la impunidad.

Dijeron que la tropa se defendió de una acción ofensiva, armada, de los pobladores. No fue así. El tiempo ha pasado y la memoria colectiva mantiene vivo el recuerdo de este ultraje a la conciencia humana. Sigue sin encontrar respuestas que hagan justicia y reparación del daño causado. Esto pesa en la historia y en nuestra esencia guatemalteca, una de tantas violaciones gravísimas a los derechos humanos que reclaman verdad, justicia y memoria.

El olvido no tiene cabida. Panzós, municipio de Alta Verapaz, se ubica en el Valle del Río Polochic, es habitado en su mayoría por población q’eqchi’ y una minoría poqomchi’, comunidades que desde la época del expresidente Justo Rufino Barrios fueron despojadas de sus tierras ancestrales y adjudicadas a europeos. De propietarios pasaron a convertirse en lo que fue conocido como mozos colonos, una forma de servidumbre de finca.

Con la Reforma Agraria del Gobierno del expresidente Árbenz Guzmán, tras grandes luchas, lograron la recuperación y adjudicación de más de 2 mil hectáreas, las que les fueron despojadas años después, cuando se dio la vergonzosa alianza de la oligarquía terrateniente y del Ejército al intervencionismo estadounidense en 1954.

De estos hechos y los lamentables amaños contra la población maya campesina y las instituciones, surgieron nuevos propietarios de fincas que a la fecha aparentan honorabilidad, pero que ocultan su corresponsabilidad con la masacre de finales de los setenta y la conflictividad aún prevaleciente en la zona.

Por cierto, a menos de 60 kilómetros se encuentra Santa María Cahabón, en ese departamento, en donde la población reclama el derecho a ser informada y consultada en forma adecuada y que se respeten las pocas instituciones que reconocen sus prácticas, como el Convenio 169. El mismo municipio que la Corte de Constitucionalidad, el 26 de mayo, le dio la espalda al autorizar la actividad de una hidroeléctrica, a la cual la comunidad, se sigue oponiendo. Penoso.

.
.

Leave a Reply