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La crisis del Estado guatemalteco empieza a caminar por una senda trillada y peligrosa: el uso de la fuerza como razón última de Estado. Dos escenarios recientes son ilustrativos de esa novedosa añeja tendencia: el estado de sitio decretado en los municipios de Tajumulco e Ixchiguan, en San Marcos, y la violencia policial en El Estor, en Izabal. Cacofonías aparte, aludir a la localización de estos ejercicios del músculo estatal resulta adecuado, para trazar el enorme arco en el que se pone a prueba la razón de la fuerza, a falta de otros recursos para mantener la gobernabilidad y el control del territorio.

El denominador común en ambas regiones occidente y nororiente es, se ha escrito hasta el cansancio, la ausencia del Estado, el abandono que se troca ahora en presencia armada. Mal caminan las cosas cuando, tras renunciar al cumplimiento de los mandatos constitucionales relativos al bien común y el goce de los derechos fundamentales (individuales y colectivos), con lo único que se atina a responder al deterioro de la gobernabilidad democrática (¿la ha habido realmente?) es con la restricción de las garantías, y el despliegue de cientos o miles de policías y soldados.

Es arriesgado suponer que apelar a la razón de la fuerza se explica por “la gravedad” de problemas “locales”, aislados del contexto de la crisis política e institucional en que está empantanado el país. Serio error de apreciación que pasa por alto la reanimación de las viejas prácticas del Estado contrainsurgente, desde las operaciones “de inteligencia” basadas en la mentira y la desinformación hasta el bloqueo, bajo sospecha de ser “comunista”, de cualquier tímido intento reformista: verbigracia el atasco de la reforma constitucional en materia de justicia.

El uso de la fuerza está en el ADN de todo Estado. Pero, por lo menos, desde Antonio Gramsci sabemos que la dominación no se ejerce exclusiva ni principalmente a través de los aparatos armados. Es más, por algo y desde otra perspectiva teórica, Max Weber llamó la atención sobre “el uso legítimo de la fuerza” como condición esencial del Estado. De ahí que cuando éste empieza a acudir preferentemente a la razón de la fuerza, es momento de encender las luces de alarma, es síntoma claro de estar en el descenso hacia el siguan de la crisis de hegemonía y en la senda de la violencia institucionalizada. ¿Qué solución duradera aporta el recurso de la fuerza? La historia de Guatemala enseña que lleva a un callejón sin salida.

Así, las señales sobre la necesidad de una reforma profunda del Estado son claras, de manera que se cumpla con las promesas de bien común, seguridad y felicidad posible del pacto social. El desafío es cómo construir consensos para la reforma necesaria, quiénes están dispuestos a apoyarla, y de qué modo se formará una alternativa ciudadana que, por vías democráticas, destierre la tentación de acudir a la razón de la fuerza para gobernar a esta sociedad marcada por la injusticia, la desigualdad y la exclusión.

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