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editorial

La Constitución Política de la República, establece en su artículo 232, que la Contraloría General de Cuentas (CGC) es la institución técnica descentralizada con funciones de fiscalización sobre el uso y destino de los ingresos y egresos del erario. De la misma manera, la Ley Orgánica de la CGC, Decreto 31- 2002, establece que la misma, es el ente técnico rector de la fiscalización y control gubernamental y tiene como objetivo dirigir y ejecutar las acciones de control externo y financiero gubernamental y velar por la transparencia de la gestión de las entidades del Estado o que manejen fondos públicos.

Anualmente, la CGC hace entrega de un informe de auditoría de liquidación del Presupuesto General, mismo que fue presentado en el Congreso de la República ayer, dando a conocer los resultados posteriormente en conferencia de prensa. El informe detalla un total de 4 mil 521 hallazgos, como resultado de las 521 auditorías realizadas en instituciones que manejan fondos públicos, proceso en el que intervinieron más de 700 auditores gubernamentales. Ante los diversos hallazgos la CGC presentó 271 denuncias en el Ministerio Público (MP), por irregularidades y anomalías en el uso de los recursos públicos, destacando que obedecen a la persistencia de malas prácticas en distintos ministerios.

Durante la conferencia de prensa el contralor general de Cuentas, Carlos Mencos, indicó que se verificaron distintas instituciones entre ellas 47 ministerios y secretarías que dependen del Organismo Ejecutivo y añadió que algunos de los Ministerios que son objeto de señalamientos son los de Salud, Gobernación y Desarrollo Social. Sin embargo, también confirmó la presentación de una denuncia en contra de la Junta Directiva del Congreso 2016, por reparos que suman más de Q72 millones. Previo a la presentación del informe, el expresidente del Legislativo, Mario Taracena, había denunciado a cuatro auditores de la Contraloría ante la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), por haber revelado en un informe preliminar que durante el período en el que ostentó la presidencia de ese organismo, se habrían producido irregularidades en la contratación de personal.

Cabe señalar que la denuncia planteada por Taracena contra los auditores carece de legitimidad, pues los mismos emitieron la alerta ante los hallazgos como parte de su competencia, establecida tanto en la Constitución como en la ley orgánica de la CGC y resulta peor aún la actitud del legislador al acudir ante la CICIG a denunciar a quienes cumplieron con su trabajo, acusándoles de orquestar un complot en su contra. Si bien la CICIG ha desempeñado un notable papel en la lucha contra la impunidad y la corrupción, es preciso que este ente internacional permanezca apegado a su función en estricto respeto a las instituciones que velan por la calidad del gasto público, sin emitir opiniones sobre aspectos que escapan a su mandato y menos, atentando contra la independencia debida en el ejercicio de las funciones de fiscalización del gasto público.

Ante la multitud de señalamientos es de vital importancia que la verdad salga a la luz y así consolidar la confianza de la ciudadanía en la hoy desprestigiada institucionalidad.

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