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Guatemala parece estar uniendo esfuerzos y recursos en una carrera contra el tiempo para detener una amenaza peor que cualquier otro mal: la destrucción del ambiente. Los indicadores son alarmantes: más de 90 por ciento de los ríos del país están altamente contaminados por desechos sólidos, aguas servidas e industriales; al menos 25 lagunas han desaparecido, por el avance de la urbanización y la contaminación. Solo el transporte es responsable de más del 48 por ciento de la contaminación de gases de efecto invernadero de Guatemala.

Los ministerios de Ambiente y Recursos Naturales y de Finanzas promueven políticas públicas para frenar por todos los medios la descomposición ambiental, que nos afecta a todos. Esa sinergia debe contagiarse a todo el sector público y privado. Ciertamente la conciencia ambiental está creciendo. Hoy, vemos a más empresas eliminando sustancias tóxicas de sus productos, reciclando acumuladores, convirtiendo bicicletas usadas en máquinas de diverso uso, fabricando bioplástico, reforestando, creando viveros y construyendo grandes reservorios de agua pluvial.

Los 340 municipios avanzan en la inversión o sus estudios para instalar plantas de tratamiento de aguas residuales, frente al anuncio del ministro de Ambiente, Sydney Samuels, de que no habrá prórroga del plazo fatal: el 6 de mayo del 2019 todas las municipalidades deben tener construidas sus plantas de tratamiento de aguas negras. El Crédito Hipotecario Nacional ha dispuesto Q150 millones para otorgar los créditos necesarios. El objetivo es sanear los ríos. Pero, por supuesto, todos, incluyendo los vecinos de cada municipio que deberán asumir los costos a través del pago de sus servicios de agua y saneamiento, hasta las empresas, deben implementar sus planes de desarrollo ambiental. No más tolerancia.

El ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, suscribió una carta de intención con el Banco Mundial para ganar dinero por proteger los bosques. Si funciona el Programa Nacional para la Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, Guatemala podría recibir 30 millones de dólares al año a través de la venta de bonos de carbono, un mecanismo internacional que busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Muy sencillo: un país o empresa privada puede optar a recibir un pago anual si demuestra que realizó acciones que disminuyen la emisión de CO2 a la atmósfera, como por ejemplo: proteger un bosque o utilizar energía renovable.

Según el acuerdo, Guatemala tendría capacidad de vender hasta 10 millones de toneladas de bonos de carbono al año, lo cual le daría la posibilidad de obtener 50 millones de dólares en ese período. Guatemala ya tiene el compromiso de reducir sus emisiones de CO2 en 60 millones de toneladas para el 2030. Al mismo tiempo, el Ministerio de Finanzas propone un sistema de incentivos. Contaminar tendrá un precio. Habrá incentivos para quien proteja el ambiente e impuestos para quien contamine.

Así, pues, manos a la obra. El futuro es ya.

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