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Lo sucedido en Ixchiguán y Tajumulco reveló las incapacidades y limitaciones del Estado, el abandono deliberado de buena parte del país. Para justificarlo, se han inventado historias que confunden los problemas principales. Una cosa es el conflicto social que se manifiesta entre comunidades por múltiples causas, entre las que sobresalen cuestiones limítrofes. Y aparte, los asuntos relacionados con actividades económicas y necesidades sociales que se amalgaman de manera compleja, entre la legalidad y la ilegalidad. Hay pues, diferencias importantes.

El Consejo del Pueblo Maya (CPO) al respecto, mediante nota informativa, dio a conocer declaraciones de Israel Ramos, alcalde de Tajumulco, quien sostiene que hay que descartar en esto un conflicto entre narcotraficantes. Es indebido entonces calificar en esos términos la actividad agrícola de algunos campesinos que producen flor de amapola, incentivados por la inexistencia de ofertas de trabajo en la zona. Claro está, no se trata de justificar lo injustificable, pero no puede perderse de vista que los usos y procesamiento de la flor está fuera del alcance del campesino empobrecido que en principio, carece de conocimientos y medios para la preparación de opiáceos.

La flor de amapola es procesada por actores distintos y del otro lado de la frontera. Hay en esto una lógica de mercado invertida del sistema prohibicionista que se basa en la represión de la oferta, pero no de la demanda que mucho ojo proviene de los países del centro con economías más grandes, en especial Estados Unidos y Europa. A su vez, estos obligan al resto a la persecución de la oferta y del tráfico de sustancias controladas. Nótese además, que la producción y distribución de drogas con propósitos médicos y en forma lícita, como los mencionados opiáceos, se concentra en pocos países en el mundo que, por cierto, coinciden con los aludidos. El resto, incluida Guatemala, prohíben su producción, fabricación, uso, tenencia, tráfico y comercio. Por cierto, de conformidad con la Ley contra la narcoactividad vigente desde 1992, reformada en 1998 y en 2003, la definición de droga se extiende hasta las semillas y plantas que sirven para la producción de drogas. Curioso.

Los menos beneficiados de todo el asunto son los campesinos, lo que se refleja en los indicadores sociales de la zona. Según el alcalde Ramos, de cada 10 familias, 8 viven en extrema pobreza y de la población total, 63% padece de algún grado de desnutrición y el 80% es analfabeta.

Así, el estado de sitio y la militarización de la zona, revelaron inoperancia de las instituciones democráticas, pues a pesar que el agravamiento del problema se podía prever, no se actuó para al menos tres cosas: 1) darle salida al conflicto entre comunidades, 2) inversión y presencia pública para satisfacer necesidades sociales de producción y empleo entre otras y 3) neutralizar la existencia de bandas criminales. Una de estas sin resolverse y todo seguirá igual.

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