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El pueblo: el único soberano

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Desde la perspectiva jurídico-política el concepto “pueblo” significa el titular de la soberanía. También denota uno de los elementos constitutivos del Estado. La “Soberanía”, por su parte, se define como la “Manifestación que distingue y caracteriza al poder del Estado, por la cual se afirma su superioridad jurídica sobre cualquier otro poder, sin aceptar limitación ni subordinación que cercene sus facultades ni su independencia dentro de su territorio y posesiones” y también como “Fuente del poder público”. (G. Cabanellas de Torres, Diccionario Militar, Naval y Terrestre, Bs. As., 1963). Ambos conceptos los desarrolla nuestra Constitución diciendo: “La soberanía radica en el pueblo” (Art. 141); “El poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley.

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Ninguna persona, sector del pueblo, fuerza armada o política, puede arrogarse su ejercicio” (Art. 152) y “Las decisiones políticas de especial trascendencia deberán ser sometidas a procedimiento de todos los ciudadanos.” Para la Corte de Constitucionalidad, la expresión Soberanía del Pueblo: “evoca la idea de un gobierno del pueblo, de acuerdo a la teoría democrática, es el poder supremo del Estado, poder del que provienen todos los demás poderes; lo detentan o pertenece indivisamente a todos los ciudadanos de una Nación. La soberanía es la colectividad de ciudadanos, estimada como un ser real distinto de las individualidades que la componen.

Como Nación o ente soberano puede instituir el poder constituyente originario, con potestades para crear la norma fundante y fundamental, cuya estructura sólo podría ser variada conforme el procedimiento y límites fijados en la misma norma fundante. De manera especial, corresponde a esa colectividad ciudadana dar o negar su respaldo a la propuesta de variar la estructura de tal norma fundante, para cuya realización se precisa de instrumentos que garanticen y tutelen la efectiva participación de la población que reúna los requisitos necesarios para poder expresarse políticamente.” (Sentencia del 08.02.98. Exp. 931-98).

Para Walter Antillón Montealegre la justificación de que el pueblo sea el legítimo titular de la soberanía radica en la dignidad humana, concebida ésta “como un don inherente a la persona, que la hace titular de derechos fundamentales. Así las cosas, si el pueblo es una comunidad de seres humanos dotados de dignidad, y ésta (para decirlo con Radbruch, Kaufmann y Alessandro Baratta) está en “la naturaleza de las cosas” humanas: en la esencia de lo humano, tenemos entonces que esa dignidad, siendo de cada individuo, atañe lógicamente a todos; de modo que ninguno puede pretender ser más digno (más valioso, más poderoso) que los demás por muchas virtudes que tenga; ni todos juntos (por virtuosos que sean) pueden suprimir la dignidad de uno, por muchos vicios que tenga este uno.

De donde resulta que el fundamento de la soberanía de los pueblos es la insuprimible dignidad de cada uno de los seres humanos que lo componen.” (Soberanía popular, participación social y democracia, como fundamentos del constitucionalismo latinoamericano, Costa Rica, 2015).

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