Home > Columnas > Derechos impopulares
NUEVO

Fiódor Dostoievski escribió que el grado de civilización de una sociedad se mide por el trato a sus presos. En Guatemala hablar de los derechos de las personas privadas de libertad no es un tema popular. Para muchos “hay que matarlos a todos” porque se asume que la pena es un castigo, los sentenciados deben estar sometidos a malos tratos, trabajos forzados, no darles comida, atención médica, ni otros derechos que generalmente todos gozamos porque deben pagar el daño causado.

Pedir que a un detenido se le respeten esos derechos equivale a ser catalogado de defensor de delincuentes. Esa opinión no toma en cuenta que la realidad penitenciaria no es acorde a los estándares internacionales y dista mucho de las normas mínimas de acuerdos y tratados sobre Derechos Humanos de las personas reclusas. Por años esa realidad penitenciaria se ha mantenido, en gran parte, debido a que políticos y funcionarios replican un patrón castigador, que solo refuerza esa perspectiva y que permite materializar en cárceles o centros de reclusión prácticas contrarias a la ley, por parte de las autoridades, agentes penitenciarios o policías.

Sin embargo, en el país existe una figura judicial, que no obstante este modelo imperante, debe tutelar el derecho a la libertad personal, las restricciones de este derecho y el trato que los Estados dan a los privados de libertad. Esa figura es la del juez de ejecución o juez de vigilancia penitenciaria que surge con la vigencia del actual Código Procesal Penal. La figura del juez de ejecución se distingue de la figura del juez de vigilancia respecto a su origen y funciones.

La primera nace en Latinoamérica, específicamente en Brasil, en 1922, con la finalidad de resolver las peticiones de los internos, cumple una función operativa en la que se involucra con los sujetos procesales resolviendo las incidencias relativas a la pena y beneficios de libertad anticipada; el segundo nace en Europa (Italia), cumple funciones de supervisión y control de la legalidad de las decisiones que otras autoridades penitenciarias tomen respecto de los sentenciados, asegurando los derechos de estos.

En la Ley guatemalteca esta figura está concebida para ambas funciones: Ser juez de vigilancia y de ejecución, como lo estipula la Ley del Régimen Penitenciario, al referir que toda pena se ejecutará bajo estricto control de Juez de ejecución, quien hará efectivas las decisiones de la sentencia, así como el cumplimiento adecuado del régimen penitenciario. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que “el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante que los reclusos vivan en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal, integridad personal y a la vida, por el “particular contexto de subordinación del detenido frente al Estado”. Esta obligación debe ser interiorizada por el juez de ejecución, quien en ningún momento debe abstraerse de la misma, aunque la opinión pública indique lo contrario.

.
.

Leave a Reply