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El derecho a la institucionalidad

editorial

La atención pública fijó su mirada ante el anuncio realizado por el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) y la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC), que incluye el bloqueo de 23 puntos en el territorio nacional, demandando, entre otros aspectos, la renuncia del presidente Jimmy Morales, a quien señalan de incapacidad para gobernar y de encubrir la corrupción.

De acuerdo con información proporcionada por uno de sus líderes, entre 60 y 70 mil de sus activistas, tomarán parte en lo que denominaron Paro Nacional, si bien, indicaron que dentro de los objetivos de la protesta destaca el no afectar la movilidad vehicular. Asimismo, indicaron que otro de los fundamentos de la protesta, es el de demandar de las autoridades la investigación y sanción de los diputados vinculados al caso Odebrecht, empresa constructora brasileña, acusada internacionalmente de recurrir al soborno a efecto de lograr contratos.

Las organizaciones campesinas, comunicaron, a su vez, su decisión de manifestar solicitando al Ministerio Público y a la CICIG, la investigación de la corrupción que mancha a jueces, magistrados y demás operadores de justicia y, además, solicitan la convocatoria a elecciones generales, a una Asamblea Nacional Constituyente y que se nacionalice lo que ha sido objeto de privatización.

Es en este punto, en el cual despierta suspicacia la movilización campesina y quienes la respaldan financieramente. Es necesario que la ciudadanía evalúe con objetividad la legitimidad de los argumentos vertidos por los representantes de las organizaciones campesinas, de los que algunos son plenamente válidos, mientras que algunos otros amenazan gravemente la institucionalidad y la solidez del Estado de derecho. Es de suma importancia que las autoridades de gobierno respeten el derecho de manifestación, consagrado en la Constitución de la República.

Sin embargo, es necesario también que los dirigentes de las organizaciones campesinas reflexionen en cuanto a los alcances de sus peticiones y requerimientos, así como de las potenciales consecuencias de ceder las autoridades a sus demandas, ya que las solicitudes que formulan resultan, a todas luces, ausentes de sensatez. Las soluciones a los problemas del país deben construirse como fruto del consenso y de la comunicación de sus habitantes entre sí.

Es preciso que la ciudadanía cuyo transitar habitual se verá afectado por la decisión de las organizaciones campesinas de bloquear distintos tramos carreteros del país con la intención de solicitar la fragmentación de la institucionalidad política del Estado, sea capaz de analizar objetivamente las demandas en mención, cuestionando de manera sensata la fuente de su financiamiento y de reaccionar con benevolencia y respeto a las manifestaciones a las que cualquier segmento de la población tiene derecho.

No obstante, es preciso que las autoridades de gobierno sean enfáticas en fortalecer la gobernabilidad del país, sin ceder a las peticiones que formularán las organizaciones campesinas, pues de hacerlo, la institucionalidad del país, caerá en el fondo del desfiladero de la anarquía.

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