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El hambre, el opio y la guerra.

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En las faldas del volcán Tajumulco se libra una cruenta guerra, donde se enfrentan indígenas mames, que viven en pobreza extrema, víctimas del abandono del Estado, azuzados por dos cárteles mexicanos de la droga que se disputan la producción de opio de la zona, para satisfacer la creciente demanda de heroína de EEUU, en parte provocada por empresas farmacéuticas que producen, promueven y recetan medicamentos a base de opiáceos, para calmar el dolor, los que generan una fuerte adicción, que se suple con heroína.

Ya en 1680, el cronista Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán daba cuenta, en su monumental obra “Recordación Florida”, de la existencia del poblado de Santa Isabel de Tajumulco, dependiente del curato de Tejutla, y adscrito al Corregimiento de Quetzaltenango. A dos mil 500 metros de altura, enclavado en las estribaciones del gran volcán Mamejuyu, por su nombre en idioma mam, el pueblo de Tajumulco siempre vivió el abandono del Estado, salvo cuando las autoridades toman decisiones arbitrarias o inconsultas, como dividir el municipio en 1933, creando el de Ixchiguán, lo que dio origen a un diferendo limítrofe, por el cual se han enfrentado a machetazos o a balazos, desde hace 84 años.

Más del 93% de la población de ambos municipios vive en pobreza, con deficientes servicios de salud, saneamiento y educación; padecen hambre crónica y permanente degradación ambiental y social. A pesar de sufrir ese calvario común, de pertenecer a la misma etnia y hablar el mismo idioma, la confrontación intracomunitaria ha sido permanente y ha ido en aumento, al grado que las autoridades hace tiempo perdieron el control, pues proliferan armas de guerra, que distribuye el narco.

Todas las mediaciones estatales han fracasado, pues pretenden resolver la confrontación sin enfrentar las causas estructurales; los anteriores planes gubernamentales no trascendieron la demagogia. Después de haberles abandonado desde siempre, el Estado se hace presente nuevamente con la vieja receta represiva. Decretaron Estado de Excepción, y 2,600 efectivos de la PNC y del Ejército se encuentran destruyendo plantíos de amapola, cateando casas y confiscando armas, para pacificar el área, lo que supuestamente permitirá que entren todos los ministerios con el “Tren del Desarrollo”, según anunció el presidente Morales, sin presentar ningún plan.

Cada gobierno hace lo mismo; reprime, ofrece soluciones sociales y cultivos alternativos, y desaparece, dejando una tierra sin más ley que la violencia fratricida. Por el contrario, aprovechando la pobreza y las carencias sin fin, el narco les da semillas de amapola, agroquímicos, fertilizante, asistencia técnica y armas, y les compran la cosecha de goma de opio, cuyo precio se ha duplicado, y el consumo se ha disparado en un 65% en EEUU (InSight Crime, 2015).

La mitad de esa demanda la suplen los cárteles mexicanos, lo que les reditúa unos U$ 13,500 millones anuales, según la DEA, monto que supera en un 36% el presupuesto de Guatemala. Por ello es que en San Marcos se libra una verdadera narco guerra, pues el opio de Tajumulco es para el Cártel Jalisco Nueva Generación, y el de Ixchiguán es del Cártel de Sinaloa, estructuras criminales enfrentadas a muerte por la heroína, que venden a U$ 31 mil el kilo, en Chicago. En esa guerra, el sudor y los muertos los ponen los indígenas mames, forzados a escoger entre tres infiernos: el de la miseria, el del opio o el de la migración. Para salir de esos tres avernos, funciona la misma receta: el desarrollo rural integral.

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