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Informa en el diario La Hora del 17.05.17 que diversas organizaciones de la comunidad Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales (LGBT) anunciaron que accionarán penalmente los delitos de discriminación, tortura, injuria y abuso de autoridad en contra 17 diputados del Congreso de la República por ser ponentes de la iniciativa 5272, “Ley de Protección de la Familia y de la Vida”, la cual consideran que (aun cuando no ha sido aprobada) “viola” sus derechos humanos.

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Al respecto conviene llamar la atención hacia el artículo 423 del Código Penal, según el cual comete el delito de “resoluciones violatorias a la constitución”: “El funcionario o empleado público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a disposiciones expresas de la Constitución de la República o a sabiendas, ejecutare las órdenes o resoluciones de esta naturaleza dictadas por otro funcionario, o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere…” Lo anterior viene al caso porque, como lo explica el constitucionalista costarricense Rubén Hernández Valle: “Las denominadas inmunidades parlamentarias tienen como finalidad proteger el mandato de los diputados en lo que se refiere a su independencia o en cuanto a trabas que pudieran entorpecer su ejercicio.

Tales inmunidades han sido tradicionalmente dos: la inmunidad y la inviolabilidad. Ambos privilegios no son concedidos los diputados a título personal, sino que únicamente son titulares de los en cuanto pertenezcan al órgano legislativo y, por consiguiente, representantes de la voluntad popular. En efecto, la inviolabilidad y la inmunidad protegen a los diputados frente a las acciones represivas o judiciales, promovidas tanto por otros Poderes, órganos o entes estatales como por los mismos particulares, con el objeto de privar a la Asamblea Legislativa del concurso efectivo de alguno o algunos de sus diputados.

De manera que la autonomía e independencia del órgano legislativo sólo es posible si, al mismo tiempo, se asegura la libre y discrecional participación de los parlamentarios en su funcionamiento.” (Derecho Parlamentario Costarricense, San José, Costa Rica, 2000, página 118).

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