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Informa en el diario La Hora del 17.05.17 que diversas organizaciones de la comunidad Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales (LGBT) anunciaron que accionarán penalmente los delitos de discriminación, tortura, injuria y abuso de autoridad en contra 17 diputados del Congreso de la República por ser ponentes de la iniciativa 5272, “Ley de Protección de la Familia y de la Vida”, la cual consideran que (aun cuando no ha sido aprobada) “viola” sus derechos humanos.

Al respecto conviene llamar la atención hacia el artículo 423 del Código Penal, según el cual comete el delito de “resoluciones violatorias a la constitución”: “El funcionario o empleado público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a disposiciones expresas de la Constitución de la República o a sabiendas, ejecutare las órdenes o resoluciones de esta naturaleza dictadas por otro funcionario, o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere…” Lo anterior viene al caso porque, como lo explica el constitucionalista costarricense Rubén Hernández Valle: “Las denominadas inmunidades parlamentarias tienen como finalidad proteger el mandato de los diputados en lo que se refiere a su independencia o en cuanto a trabas que pudieran entorpecer su ejercicio.

Tales inmunidades han sido tradicionalmente dos: la inmunidad y la inviolabilidad. Ambos privilegios no son concedidos los diputados a título personal, sino que únicamente son titulares de los en cuanto pertenezcan al órgano legislativo y, por consiguiente, representantes de la voluntad popular. En efecto, la inviolabilidad y la inmunidad protegen a los diputados frente a las acciones represivas o judiciales, promovidas tanto por otros Poderes, órganos o entes estatales como por los mismos particulares, con el objeto de privar a la Asamblea Legislativa del concurso efectivo de alguno o algunos de sus diputados.

De manera que la autonomía e independencia del órgano legislativo sólo es posible si, al mismo tiempo, se asegura la libre y discrecional participación de los parlamentarios en su funcionamiento.” (Derecho Parlamentario Costarricense, San José, Costa Rica, 2000, página 118).

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