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Cuando en el 2006 el ex Presidente Felipe Calderón decidió militarizar la estrategia contra el narcotráfico ( declarar la guerra y militar el país) la decisión fue posteriormente considerada como arrebata, poco pensada, sin diseño,  sin prospectiva y sin estrategia de salida.  Por mucho que todo lo anterior es totalmente cierto, si hay un aspecto a considerar y es, el fundamento teórico de esta decisión.  En el análisis de seguridad que se consideró para la toma de dicha decisión se suponía que ante la asimetría en el volumen de fuerza desplegada por el narcotráfico,  el rol del ejército podría no sólo reducir dicha asimetría sino, rebasarla.   Y no parecía ser un argumento descabellado porque casi nadie adelantó en prospectiva lo que sucedería: el narcotráfico superó y rebasó las capacidades del ejército.

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En dicha situación cuando se diseña una estrategia de seguridad ciudadana que involucra al efectivo militar es importantísimo asegurarse que la doctrina que orienta el comportamiento de la institución se adecúe exactamente, a la realidad del terreno.  ¿Qué quiere decir esto? Que, aunque se tenga o no la facultad constitucional para que los ejércitos realicen tareas de seguridad ciudadana (ser garantes de la soberanía interna) la dinámica de conflicto que encontrarán no es la de un conflicto tradicional. Es un conflicto que toma lugar en medio de zonas urbanas, es una situación que obliga a saber mantener la primacía de las libertades civiles por encima de, las necesidades de seguridad.  Hay quienes argumentan que eso es ´amarrarles las manos a los militares´ y en efecto, de eso se trata.  La capacidad del efectivo militar para lidiar con una sociedad civil inmersa un conflicto no tradicional es muy limitada si no hay, la constitución doctrinaria necesaria.

Seguramente si esto se discute desde el contexto de las sociedades centroamericanas donde hay una tradición muy arraigada  para otorgarle la primacía a la institución militar (excluyendo Costa Rica) no habría mucha opción de diálogo.  Pero, si la situación se analiza desde el ´laboratorio mexicano´ resulta que la evidencia dura, no negable muestra que en buena parte los militares se encontraron inmersos en un conflicto que no supieron interpretar.  Lo que indirectamente, ante la falta de dicho insumo doctrinario, les llevó a cometer abusos de DDHH. Un simple ejemplo.  La doctrina militar y la doctrina de seguridad para estructuras civiles establecen criterios muy distintos en la forma como se lidia ante un sujeto detenido. De allí en adelante, uno puede interpretar lo que ha pasado en México.

Pasando a Guatemala, donde este debate es aún más bipolar, los vacíos de poder que los Estados producen siempre son utilizados por estructuras paralelas.  En esencia, para extraer recursos, controlar territorio y utilizar a la población como marco de defensa pretoriana.  Lo que se ha descubierto durante el estado de sitio declarado en San Marcos así lo demuestra.  La cuestión de fondo pasa por reconocer que la presencia  del ejército es solamente un disuasivo: las armas ya no están y la infraestructura se va destruir.  Si no existe una política de fondo para modificar las condiciones que originalmente generaron este fenómeno, la situación se transforma en un círculo vicioso.  Pero supongamos que la comunidad afectada, en razón de perder su único ingreso de recursos hubiera decidido impedir el ingreso, cerrar el paso o reaccionar de forma violenta.  ¿Cuál sería el resultado?   Lo sucedido en la cumbre de Alaska es el perfecto indicador.

Es necesario reformar la doctrina militar y construir cuadros conforme a ella. Y es necesario terminar por empoderar la agenda de la reforma policíaca o se mantendrá el mismo círculo vicioso de siempre.

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