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La mañana de este jueves 18 de mayo, fuerzas del ejército se desplazaron y ocuparon posiciones en Ixchiguán y Tajumulco, departamento de San Marcos. Esto es consecuencia del Decreto Gubernativo 2-2017 de la Presidencia de la República, mediante el cual se declaró estado de sitio. Fue conocido y ratificado por el Organismo Legislativo. La disposición se tomó para controlar el enfrentamiento entre pobladores de uno y otro municipio, de cerca de dos semanas; al parecer, utilizaron armas de fuego incluso de alto calibre.

Se presume de la muerte de al menos una persona; días antes, diecisiete agentes de la PNC fueron retenidos y puestos en libertad; así mismo, hubo un fallido intento de diálogo en el que participaron vecinos y autoridades locales. Este es un conflicto social que se extiende hasta la primera mitad del siglo XIX, cuando tierras de Tajumulco fueron despojadas por un finquero que tituló 450 caballerías a pesar que solo tenía 50. Tituló la diferencia como exceso, tras una medida realizada por él mismo y alegando que había perdido los papeles. Todo legal, claro, pero hace suponer latrocinio. Este señor vendió cerca de 123 caballerías al municipio por insistencia del presidente Justo Rufino Barrios, después de años de reclamos de los vecinos.

En los inicios de los años treinta del siglo XX, esa fracción de terreno le fue adjudicada al nuevo municipio de Ixchiguán, hasta entonces aldea de Tajumulco. La municipalidad se opuso y se negó al traspaso en el II Registro de la Propiedad en Quetzaltenango. De esa cuenta, no se hizo el trazo de los límites, lo cual fue retomado hasta ya entrados los años noventa.

El apretado resumen anterior es el motivo por el que se sostiene que la causa del conflicto es limítrofe y agraria; sin embargo, con el tiempo se han coludido múltiples aspectos que lo hacen hoy un problema sumamente complejo y grave. En sus raíces hay en efecto, asuntos de orden limítrofe y agrario, pero también hídrico, étnico-cultural, religioso, político partidario, así como político militar de tiempos de la guerra por participar en uno u otro ejército o en las patrullas de autodefensa civil, familiares, personales y de carácter económico, en virtud de actividades tanto lícitas como ilícitas, tal la siembra de amapola desde los años ochenta, visibilizada por un incidente que se dio entre pobladores y agentes de la desaparecida Guardia de Hacienda.

Las noticias de la declaratoria de estado de sitio y de ocupación militar, son lamentables. Reflejan de nuevo la incapacidad de las instituciones democráticas de canalizar en forma adecuada y oportuna el conflicto social, ahora convertido en zona de guerra. A pesar de la percepción de recuperación de la calma, en especial para quienes no participan de los enfrentamientos, la presencia del ejército y de la aplicación de la Ley de Orden Público representa un retroceso que frena de nuevo las aspiraciones de democracia, derechos humanos y ejercicio de ciudadanía.

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