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La imposible labor de ser juez y parte

editorial

La jueza de Primera Instancia de Turno de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, Michelle Dardón Aguilera, difundió ayer un video denunciando a la secretaria general del Ministerio Público (MP), Mayra Véliz.

La juzgadora señala en el video en mención que, desde la inauguración de los juzgados, la Secretaria General del MP ha ejercido presiones a efecto de propiciar reuniones entre los juzgadores y miembros de la Fiscalía de la Mujer, a efecto de instruirles en cuanto a la forma en que deben resolver, así como las órdenes de captura que deben girar y, además, les indican los casos en que deben dictar prisión preventiva, añadiendo que tras negarse a continuar sosteniendo las reuniones en mención, la funcionaria desencadenó una persecución en su contra, mediante escuchas telefónicas ilegales, denuncia espuria y calumnias, lo que de acuerdo a su criterio es constitutivo de los delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad, y que decidió hacer de conocimiento público los mismos, pues atentan contra su independencia judicial.

En respuesta, el MP emitió un comunicado dando a conocer que la Fiscal General ordenó la apertura de una investigación para determinar la veracidad de los señalamientos. Aunque la decisión anunciada por Thelma Aldana resulta esperanzadora en la lucha contra la corrupción y la falta de transparencia, flagelos que aquejan crónicamente al sistema de justicia, también es preciso señalar que la imparcialidad de la misma se ve seriamente comprometida de permanecer en el cargo que ostenta la hoy señalada.

La difícil misión de averiguar la verdad corresponde al MP, que ha de establecer los mecanismos y procedimientos adecuados a efecto de garantizar la imparcialidad de la investigación. En tal sentido, las autoridades del MP deben encontrar la ruta a efecto de eliminar el dilema moral de ser juez y parte en una investigación que involucra a uno de sus más altos funcionarios.

Aclarar los señalamientos vertidos en contra de la funcionaria, con argumentos veraces y pruebas fehacientes y conducir la investigación con imparcialidad y absoluto respeto al debido proceso, representan una valiosa oportunidad para reafirmar la confianza de la ciudadanía en un ente investigador que a pesar de sus notables logros en la lucha contra la corrupción y la impunidad, precisa de la permanente vigilancia ciudadana para el adecuado desempeño de sus funciones, como de la idoneidad de sus miembros.

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