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Luces y sombras en la gestión del Ministerio Público

editorial

La presentación del tercer informe anual de gestión al frente del Ministerio Público, contó con la participación de autoridades gubernamentales y durante la misma, la fiscal general Thelma Aldana, destacó, entre otros aspectos, la desarticulación de 48 estructuras criminales, lo cual representa la aprehensión de 721 presuntos integrantes y 21 menores de edad remitidos a los tribunales correspondientes, en el lapso comprendido de abril 2016 a marzo 2017. La jefe del Ministerio Público, indicó que durante su gestión fueron creadas las fiscalías de la Mujer y la Niñez y Adolescencia, puntualizando que “Un Estado que no garantiza la vida de sus miembros más vulnerables está destinado al fracaso”.

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Añadió que durante el último año han recibido cerca de 396 mil denuncias, que han servido para marcar el punto de partida en el cambio de mentalidad de los guatemaltecos, quienes, según indicó, consideraban normal tomar atajos y finalizó su intervención señalando que una verdadera Justicia apegada en el principio de legalidad y con total respeto a los Derechos Humanos, es posible en el país. A pesar de los esfuerzos realizados y los logros obtenidos por el Ministerio Público, que señaló la fiscal general durante la presentación de su informe, cabe señalar que la gestión de la misma se ha visto empañada en varias oportunidades.

Recientemente, una denuncia penal fue planteada en contra de Mayra Véliz, quien se desempeña como secretaria general del ente investigador y en contra del secretario de Política Criminal, Rottman Pérez. La denuncia se refiere a presuntos actos de tráfico de influencias cometidos por ambos funcionarios en el ejercicio de sus funciones. Cabe destacar que si bien los titánicos esfuerzos realizados por el equipo que lidera la fiscal general, en el combate al crimen organizado, han rendido resultados por demás satisfactorios, es preciso que las autoridades del Ministerio Público delimiten un marco de acción en las actividades que realiza con el acompañamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), a efecto de que la misma ejerza su mandato de manera respetuosa en todo momento.

Para expertos constitucionalistas la entidad se ha extralimitado en sus funciones al plantear reformas constitucionales al Sector Justicia, que no le competen por carecer de iniciativa de ley. Se ha criticado también que a pesar de que la Constitución Política de la República, garantiza el secreto de las comunicaciones telefónicas, en muchos juicios se ofrecen escuchas telefónicas como medio de prueba, lo que atenta contra la misma y consecuentemente, contra el debido proceso.

Como ocurre en todo el mundo, nuestro país no está excluido de niveles intolerables de podredumbre y corrupción y, no obstante, la grave necesidad de fortalecer el Sistema de Justicia, es preciso que el fortalecimiento institucional se produzca de conformidad con los valores de respeto a la ley y a las instituciones en conjunto, con la actitud ciudadana respetuosa de las autoridades y que bajo ninguna circunstancia se permita el rompimiento de las leyes con el pretexto de hacerlas cumplir.

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