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El pasado 9 de abril, la fiscal general inició una investigación para establecer quiénes son los funcionarios responsables de que en Guatemala exista un millón de niños que sufren desnutrición. Esa investigación debe extenderse a los empresarios, políticos, militares y jueces que son responsables de mantener un sistema que, estructuralmente, provoca y perpetúa el hambre. El derecho a la alimentación se reconoce por primera vez en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, en su artículo 25; y luego en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966). Al ratificar Guatemala estos Tratados, reconoce la obligación de respetar, proteger y realizar progresivamente los derechos en ellos reconocidos, incluido el derecho a una alimentación adecuada.

En 2005, gracias a la iniciativa del movimiento indígena y campesino, con apoyo de diversos sectores e instituciones, se logró la aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y La Política Nacional correspondiente, lo cual implicó una década de estudios, diagnósticos, concertación y luchas. Se cuenta, pues, con los marcos legal, institucional y programático, pero el hambre aumenta en el país, en sus distintas formas de inseguridad alimentaria, a pesar de que la macro economía ha crecido continuadamente, y todos los políticos, los gremios empresariales y la academia declaran que se debe combatir este flagelo. Si contamos con suelos, clima, agua, leyes, instituciones, políticas y diagnósticos, ¿por qué cada vez hay más personas con hambre y desnutridas? La respuesta es conocida: porque no se atacan las causas estructurales del hambre, especialmente tres: la pobreza, la exclusión y la discriminación.

Contrariamente a lo que sucede en América Latina, en Guatemala la pobreza ha crecido, llegando a 59.3%, un incremento de 8.1% con respecto del 2006, según la Encuesta de Condiciones de Vida, 2014. El anterior dato implica que unos 9.6 millones de guatemaltecos viven en pobreza y, lógicamente, padecen hambre, particularmente en las zonas indígenas, donde la pobreza llega al 80%. El salario mínimo es de Q2 mil 497 y, según Asíes, solamente lo paga el 30% de los empleadores. En el área rural apenas pagan Q1 mil 500, mientras que el costo de la canasta básica es de Q3 mil 400 y el de la canasta vital, de Q6 mil 205. Con esas cifras, ¿cómo puede un padre alimentar, recrear y educar a su familia? A lo anterior hay que agregar que casi el 70% de la población económicamente activa (PEA) labora en la informalidad, llegando al 80% entre las mujeres, y al 85.2% entre la población indígena, según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos 2016.

A este cuadro dantesco hay que agregar que, según el Banco Mundial, Guatemala ha tenido uno de los mejores desempeños económicos de América Latina, con una tasa de crecimiento por encima del 3 % desde 2012 y que alcanzó el 4.1% en 2015, y es uno de los países más desiguales del continente, con altísimos índices de concentración de la tierra, el crédito, los recursos naturales, etcétera. Con estas cifras, la fiscal general podrá establecer que el hambre es un fenómeno provocado por empresarios avorazados, que evaden impuestos, cuentan con el apoyo de militares que los protegen, y de jueces que no los procesan. Todo ello, agravado por políticos y funcionarios corruptos que saquean las arcas públicas y no asignan fondos suficientes para los programas alimentarios. Los hambreadores tienen nombre y apellido; esperamos que la fiscal general los procese, y haya pan y justicia para todos.

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