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Hay coincidencia, si no consenso, en cuanto a que Guatemala está a la deriva y que solo pueden preverse nuevos episodios críticos, cuyas manifestaciones visibles serían de esperarse en el plano político y en el funcionamiento de las instituciones. Es reconocido que las causas son estructurales, configuradas por elementos básicos, coherentes y permanentes, en las que son determinantes las relaciones de poder consolidadas a lo largo de mucho tiempo. El resultado a la vista es de podredumbre ética, política y jurídica de los Organismos del Esta do y los poderes fácticos. La solución será difícil, en virtud que los cambios requeridos son generadores de antagonismos y la correlación de fuerzas es desfavorable.

Pero no es motivo suficiente para desandar el camino de la articulación de un proyecto nacional para un Estado democrático nuevo, del sujeto capaz de encabezarlo y del instrumento político que lo viabilice. La situación es más compleja que la simplificación entre reforma y anti-reforma constitucional. MP y CICIG han demostrado la profundidad de la penetración del crimen organizado y del narcotráfico, al igual que del control ejercido por grupos de capital, ejecutivos de empresas y sus operadores, sobre las cortes, Congreso y otros ámbitos públicos; actúan en forma legal, pero no necesariamente ética.

De esa cuenta, la reforma constitucional que se intenta discutir en el Congreso, limitada ahora a pocos aspectos de administración de justicia, apuntan a un alcance limitado que no es garantía de cambios sostenibles y duraderos. Sin embargo, esto no invalida la pretensión de contener la corrupción y el deterioro del sistema de justicia mediante modificaciones constitucionales e institucionales y tampoco justifica la descalificación generalizada de personas y organizaciones con señalamientos de traición y de haberse convertido en piezas del imperialismo o de simple ceguera política que les convierte en comparsas.

Esto desune, fragmenta e inviabiliza la acumulación de fuerza y contribuye con los agresivos grupos anti-reforma desinformadores y trasnochados, cuyo principal temor es un funcionamiento institucional que ponga en peligro algunos privilegios, impunidad y negocios heredados de los tiempos de la guerra interna. Por supuesto, no puede evadirse el conocido interés estadounidense de romper con porosidades institucionales en el norte centroamericano, justificados en una supuesta exposición de sus fronteras imperiales al terrorismo internacional y al narcotráfico, así como las actuaciones y acontecimientos inadmisibles desde la embajada y altos funcionarios militares y civiles de aquel país, que cuestionan la soberanía guatemalteca cual protectorado, pero esto habrá que afrontarlo en su momento aunque sin dejar de señalarlo.

La continuidad del sistema es inviable. Parchar sus fisuras solo alargará su agonía como lo demostraron reformas anteriores. El camino sigue siendo el de la redefinición del Estado y de la democracia.

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