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editorial

La reciente decisión anunciada por el Ejecutivo de implementar un estado de sitio en los vecinos municipios de Ixchiguán y Tajumulco, en el departamento de San Marcos, a efecto de controlar el conflicto territorial que subsiste entre ambas comunidades y donde como consecuencia del mismo, se ha desarrollado una serie de actos violatorios contra el orden constitucional, la gobernabilidad, la seguridad del Estado, según lo consigna el considerando del acuerdo gubernativo 2-2017, que establece la medida por el término de 30 días, es una decisión que resulta acertada, si bien tardía evidenciando la persistencia de las autoridades en enfrentar la conflictividad de manera reactiva y no preventiva ante los focos que producen la misma.

Al analizar las raíces del conflicto, cabe considerar las particulares circunstancias en que el mismo ha ido desarrollándose a causa de una serie de factores de distinta naturaleza. Si bien la falta de límites territoriales definidos se señala como la causa original de la disputa, al profundizar en los demás matices del conflicto, destaca la presencia del narcotráfico en ambos municipios y que aunque es de conocimiento público, que el mismo data desde la fundación del municipio de Ixchiguán en el año de 1933, también es un hecho notorio que en la actualidad, el narcotráfico ha provisto de armas de grueso calibre a los pobladores, a efecto de que custodien las abundantes plantaciones de amapola que crecen en la región, sin que las autoridades implementen mecanismos de prevención del surgimiento de potenciales focos de conflicto y se concentren en reaccionar cuando los mismos entran en operación.

La decisión anunciada por el Ejecutivo en relación al conflicto que se desarrolla en suelo marquense, se produce en el contexto del hecho que hizo saltar las alarmas noticiosas el día de ayer, al darse a conocer la fuga de la prisión militar Mariscal Zavala, de Marixa Ethelinda Lemus Pérez, alias La Patrona, quien se encontraba cumpliendo una condena de 94 años de prisión, en las instalaciones de la brigada militar por los delitos de plagio o secuestro, asociación ilícita y asesinato y quien enfrentaría juicio por otros ilícitos, lo que supone una grave falta en la seguridad del centro de privación de libertad que resguarda a varios reos vinculados con casos de corrupción, entre otros.Ante la fuga, es necesario que las autoridades enfoquen sus esfuerzos en recapturar inmediatamente a la fugitiva y en deducir responsabilidades a quienes tomaron participación a efecto de facilitar la misma, con el fin de evitar que en lo sucesivo se produzcan nuevos hechos de esta naturaleza, que amenacen la seguridad debida en los centros de privación de libertad. Tanto el conflicto que se desarrolla en San Marcos como la fuga del penal en mención, evidencian la grave debilidad del Estado guatemalteco y la fragilidad de las instituciones de justicia.

Garantizar el cumplimiento del debido proceso y de las sanciones que de este se deriven, es atribución de las autoridades tal como lo es mantener el orden público, por lo que resulta imperativo que las mismas asuman su responsabilidad en garantizar la seguridad en todas las instituciones penitenciarias del país previniendo de manera efectiva y no reaccionando de manera deficiente, ante eventos que atenten contra el orden social.

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