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NUEVO

Apartir de la caída de Pérez Molina y los innumerables procesos iniciados contra funcionarios supuestamente implicados en algunos casos resulta verdad aquello que dijo Juan Gabriel, que lo que se ve no se pregunta en los innumerables actos de corrupción que se dieron durante el último período y que no fueron más que el clímax de algo que existió desde siempre, estimulado por la falta de consecuencias y una impresión de impunidad garantizada, hay en muchos funcionarios de todos los niveles, tanto en el Organismo Ejecutivo, como en las entidades descentralizadas y municipalidades, un verdadero miedo a firmar.

A esto se agrega que la Contraloría General de Cuentas, para evitar que la tuvieran en la mira, tuvo una especie de arranque de macho viejo y se puso exigente con el cumplimiento de las normas en materia de presupuesto y contrataciones. Me parece que el miedo es producto, principalmente, de la inseguridad de los funcionarios. Derivada fundamentalmente de una cosa: el desconocimiento del marco legal que rige la administración pública. Sucede generalmente que quienes llegan a ministros y viceministros tienen un escaso conocimiento de las atribuciones de su respectiva cartera y menos aún de todo el entramado legal que rige el funcionamiento de la administración pública.

Me he encontrado con más de alguno que, ya con algunos años en un cargo, todavía afirma que se puede hacer todo lo que la ley no prohíbe. Desconocen lo elemental, el principio de legalidad que rige en lo público, donde solo se puede hacer lo que la ley permite. Y llevan como asesores y directores a personas que tampoco tienen experiencia y conocimiento suficientes en la gestión pública. Muestran desprecio por lo público. Se jactan de venir del sector privado, todo es más ágil y eficaz. Reniegan de las reglas cierto es que muchas son innecesarias, pero tampoco hacen nada por modificarlas y ven de menos a los burócratas de carrera, a quienes perciben como parásitos, incapaces de ganarse en la vida en la eficiente y competitiva empresa privada. Pues bien, todo ese se paga con un período difícil de aprendizaje.

Anteriormente no había mayor preocupación por saltarse las trancas o darle “cara vuelta” a la ley, pues el Ministerio Público estaba como pintado en lo que respecta los delitos contra la administración pública y la Contraloría no se metía con los poderosos. Ahora, que a Dios gracias, hay una persecución sistemática en contra de los corruptos y que esperamos concluya en condenas ejemplarizantes, los funcionarios deben tener mayor conocimiento de todos los vericuetos de la administración pública y tener asesores competentes.

Es totalmente falso que la Ley de Contrataciones sea un obstáculo insuperable para las adquisiciones de las entidades públicas. Tiene ahora mayor rigor, que era necesario ante la permanente elusión mediante las contrataciones no competitivas. En 2014, solamente el un porcentaje de las compras del Ministerio de Salud Pública se realizaron mediante modalidades competitivas. Los límites para compras directas a lo que obligan es una cuidadosa planificación de las adquisiciones.

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