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El Procurador de Derechos Humanos

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Por: Fernando A. Marín

La figura del Procurador de Derechos Humanos data de la figura del Ombudsman, un magistrado de conciencia. Esta figura data de hace más de 200 años, cuando en Suecia una comisión parlamentaria redacta la Constitución de 1809. La figura del Ombudsman se instituye como un tercero luego de una pugna entre el Rey y el Parlamento, a quien se le atribuyó la misión de vigilar la observancia de la ley en lo referente a su aplicación por parte de los funcionarios públicos y promover las acciones judiciales cuando por parcialidad, favoritismo o por cualquier otro motivo, hubieran cometido actos ilegítimos o no hubieran cumplido de manera adecuada los deberes de su cargo. (Maiorano, 2009) En Guatemala, la figura del Obudsman se incorpora a través de la Constitución Política de la República de Guatemala vigente.

El Procurador de Derechos Humanos se instituye como un comisionado del Congreso de la República para la defensa de los Derechos Humanos que la Constitución garantiza. Tiene facultades de supervisar la administración pública. La elección del Procurador de Derechos Humanos la realiza el Congreso de la República de tres candidatos propuestos por la Comisión de Derechos Humanos que está integrada con un diputado por cada partido político representado. Ejerce el cargo por un período de cinco años y goza de las mismas inmunidades y prerrogativas de los diputados del Congreso. Para ser elegibles deben reunir las calidades de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

En un país como Guatemala, en el cual existe una sistemática violación a los Derechos Humanos, la figura del Procurador guarda una vital importancia ya que tiene entre sus atribuciones la de promover el buen funcionamiento y la agilización de la gestión administrativa gubernamental, en materia de Derechos Humanos; investigar y denunciar comportamientos administrativos lesivos a los intereses de las personas; investigar las denuncias de violaciones a los Derechos Humanos; hacer recomendaciones a los funcionarios públicos sobre la modificación de comportamiento administrativo objetado; emitir censuras públicas por actos o comportamientos en contra de los derechos constitucionales; y promover acciones o recursos, judiciales o administrativos, en los casos que sea procedente.

En términos generales es el vigilante de que el actuar de los funcionarios públicos sea congruente al respeto y garantía de los Derechos Humanos. Responsable de denunciar los actos contrarios a los derechos fundamentales. Actualmente, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso está en proceso de evaluación de los postulantes a ocupar el digno cargo. Como sociedad debemos estar atentos a este proceso pues se debe elegir a una persona idónea para el cargo, con conocimiento y experiencia en la promoción y defensa de estos derechos inherentes a la persona humana.

Una persona comprometida con el cargo y no con intereses de los políticos de turno o intereses privados, pues ello lo único que provoca es lacerar a los guatemaltecos.

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