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Muchos no conocimos en persona a Brenda Domínguez; sin embargo, su indignación y su rebeldía la hicimos nuestra, al igual que su martirio, su ejemplo y búsqueda de un futuro de dignidad. Salió a la calle porque sus derechos y los de otros jóvenes estaban siendo negados. Fue parte de la acción colectiva por recuperarlos, gritando al oído de la calle para que se escuchara y se tomaran cartas en el asunto. No fue la primera sino una acción más, quizá la cuarta, pues casi por terminar abril las autoridades educativas, perdidas en la marea burocrática, no habían dado respuesta.

De nuevo el Estado y sus dependencias se mostraron pasmadas, incompetentes y disfuncionales. Lamentable reconocerlo, pero sin protesta no hay respuesta en el país. La pronta y cumplida atención a la demanda social difícilmente llega al gestionar la solución de problemas; las cosas avanzan cuando se hacen visibles. La protesta callejera se hace parte de la gestión. Bien decía el insigne laboralista Mario López Larrave que la pérdida de la fe en las leyes y en quienes las aplican, conducen a las medidas de hecho.

Cuando la agresión criminal de una persona particular en contra del grupo de estudiantes ya era noticia, el 26 de abril, autoridades y medios de prensa se pronunciaron preocupados por investigar a los maestros que instigaron la acción colectiva estudiantil. A lo mejor no está demás, pero se está olvidando que la juventud guatemalteca a lo largo de la historia ha mostrado coraje e inteligencia para defender sus derechos, organizarse y actuar en forma colectiva. No necesita tecomates para nadar. Claro está, es necesario esclarecer y derivar las responsabilidades del crimen en quien conducía el vehículo que arrolló a los manifestantes, pero es indebido encerrarse en la búsqueda de más culpables y no de soluciones.

Urge establecer las causas de la manifestación estudiantil, atender los reclamos e implementar soluciones desde el Ministerio de Educación. Esa sería la acción esperada, a pesar de lo tardío. Un ejercicio semejante debiera hacerse con los requerimientos de la comunidad educativa a nivel nacional. Lo sucedido refleja tamaña ignorancia e inhumanidad del hechor y de quienes condenan la protesta social, postura que desaparece, por supuesto, cuando les conviene. Abruma el desconocimiento de la importancia del ejercicio de ciudadanía en la democracia y la indiferencia frente al reclamo de Brenda y su grupo estudiantil, el mismo de una juventud que clama por educación pública de calidad y el reconocimiento dela persona como sujeto de derechos, de educación, trabajo, realización y otros.

La lucha ciudadana contra la corrupción, la impunidad y la descomposición de las instituciones, la que respalda las reformas constitucionales, tiene otro motivo de acción para la nueva definición del Estado. Nuestro sentimiento solidario a la familia de Brenda y a los estudiantes de la Escuela Nacional de Ciencias Comerciales II, anexo Instituto Federico Mora.

 

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