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Educar a la niñez: prioridad nacional

editorial

Ayer, en horas de la mañana, un grupo de diputados, jefes de bloque, se reunió a puerta cerrada en un hotel de la zona 10 capitalina con la fiscal general del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana, el Comisionado Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez y el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge De León Duque, con el objetivo de discutir las Reformas al Sector Justicia.

Más allá de las sospechas que surgen del hecho de que los legisladores se reúnan en un lugar distinto al hemiciclo parlamentario a discutir sobre asuntos de importancia nacional, pues, no obstante, las reformas al Sector Justicia son de vital importancia para la construcción de un Estado de derecho sólido, es preciso que las mismas sean discutidas en condiciones de legitimidad y no en circunstancias que hagan dudar de la misma.

Sin embargo, mientras los legisladores parecen actuar en contra de la ley y a favor de una dilación permanente de la discusión de las reformas, existen aspectos de índole prioritaria que permanecen dolorosamente olvidados por los congresistas y por la sociedad en su conjunto.  La profunda necesidad de construir ciudadanía en nuestra niñez y adolescencia, es una prioridad borrada de la agenda legislativa, lo cual se refleja en el poco respeto hacia las leyes y las instituciones nacionales, por parte de una juventud ajena a las oportunidades y cada vez más vulnerable al crimen organizado.

Una juventud cada vez más alejada de la educación, será a futuro, una sociedad cada vez más proclive a la criminalidad. Una niñez que no conoce de la existencia y el funcionamiento de un sistema de normas jurídicas, establecido con el fin de garantizar la paz social, será cada vez menos capaz de respetar el mismo y de colaborar activamente en la construcción de un Estado de derecho.

Es preciso que la ciudadanía demande de sus representantes electos ante el Congreso de la República que legislen y fiscalicen adecuadamente y con absoluto compromiso a favor de priorizar la educación de la niñez y adolescencia, pero que su legislación represente algo más que letra muerta. Es necesario generar leyes destinadas a mejorar las condiciones de vida adecuadas para la niñez y adolescencia de este país, garantizándoles el acceso a oportunidades educativas que con el tiempo se traducirán en acceso a mejores oportunidades laborales y consecuentemente, a una mejor calidad de vida. Es imperativo que la ciudadanía de este país demande de las autoridades de gobierno el efectivo cumplimiento de políticas públicas destinadas a garantizar la educación de los más de 7 millones de niños y adolescentes que habitan esta nación y que en un grito silencioso, demandan urgentemente ser educados a efecto de ampliar sus horizontes, tanto laborales como personales.

Inevitablemente, surge la pregunta: ¿Qué sentido tiene tener la Constitución más avanzada del mundo si la población en general es incapaz de entenderla, respetarla o demandar su aplicación?

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