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De la nota publicada por La Hora el 27.04.17 copio estos pasajes: “tras sufrir incidente relacionado a su salud, (el) Presidente Morales considera tomar vacaciones. Síntomas de deshidratación y molestias gastrointestinales enviaron ayer al presidente Jimmy Morales al Centro Médico Militar donde fue atendido. Al parecer no se trató de una situación grave, sino de un “mareo” por las altas temperaturas del lugar en que se encontraba, sumadas al malestar que el mandatario sentía desde horas atrás. […].”

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“Tales declaraciones, aceptables para cualquier mortal , me parecen inapropiadas –por impolíticas en las actuales circunstancias— cuando las vierte el Presidente de la República de Guatemala.”.

Tales declaraciones, aceptables para cualquier mortal, me parecen inapropiadas –por impolíticas en las actuales circunstancias—cuando las vierte el Presidente de la República de Guatemala. Y es que sobre su persona pende la severa amenaza contenida en el inciso i del artículo constitucional 165: “Corresponde al Congreso de la República: […] i. Declarar, con el voto de las dos terceras partes del número total de diputados que integran el congreso, la incapacidad física o mental del Presidente de la República para el ejercicio del cargo.

La declaratoria debe fundarse en dictamen previo de una comisión de cinco médicos, designados por la Junta Directiva del Colegio respectivo a solicitud del Congreso.” Frank Bracho (Los enfermos que nos han gobernado), al reseñar el libro de Pierre Accoce, periodista especializa do en temas de medicina, y Pierre Rentchnick, profesor de la Facultad de Medicina de Ginebra y miembro honorario de la Academia de Ciencias de Nueva York, titulado “Los enfermos que nos gobernaron”, recoge estas reflexiones muy aplicables a nuestro caso: (i) “¿Es lícito que se mantengan en secreto las enfermedades de los […] políticos que gobiernan las naciones?” Y (ii) “Los poderes públicos y pueblos, además, deberían tener recursos institucionales expeditos y equilibrados (exentos de la manipulación política o errada), para relevar del mandato a un dignatario que haya perdido su competencia para gobernar.

Aunque siempre será preferible una escogencia acertada desde el principio del dignatario, o su autocorrección a tiempo.” Ahora bien ¿Se ajusta la norma constitucional referida al estándar propuesto?

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