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Abogado de sindicalistas de Salud habría recibido Q17 millones para negociar pacto colectivo

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Una audiencia en la que se daría seguimiento al proceso de solicitud de nulidad de varios artículos del pacto colectivo de Salud fue suspendida.

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Esto fue porque la Procuraduría General de la Nación (PGN),  presentó un recurso argumentando que la defensa de los sindicalistas, César Franco, no era adecuado para el caso ya que se le habría pagado alrededor de Q17 millones para asesorar la negociación del convenio.

La diligencia iba a ser celebrada en los Juzgados del Área Laboral del Organismo Judicial (OJ).  Villavicencio y el exjefe de Recursos Humanos del ministerio, Luis Pérez Ramírez, rendirían declaraciones en esta reunión.

El pasado 21 de febrero representantes de la PGN y del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), pidieron la nulidad de los artículos que refieren el pago de un bono por antigüedad real, incentivo salarial, incentivo económico por un trabajo decente, traslado de trabajadores de renglón permanente a renglón 011,  viáticos para las comisiones de trabajo, bono vacacional de Q400 y otro navideño de Q300.

La PGN indicó que esos incisos no contaban con el documento de aprobación del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) y que esos beneficios representaban un gasto de Q2 mil 133 millones, lo que era un “atentado contra el presupuesto del Estado”.

EXMINISTRO ROMPE EL SILENCIO

De acuerdo al exministro de Salud, Jorge Villavicencio, cuando el pacto colectivo se firmó en agosto 2013, no existía un dictamen favorable para el mismo.

La aprobación llegó hasta septiembre de 2014 por la Unidad de Presupuesto del Minfin.

“Son temas burocráticos, después de todo trabajamos con todas las partes”, mencionó al ser cuestionado al respecto.

Añadió que otro motivo por el que lo firmaron fue porque “Guatemala sería sancionada a nivel internacional si no se cumplía con eso”, sin embargo, no mencionó que clase de penalización se trataba.

El exfuncionario indicó que el Ministerio de Trabajo les transfirió Q500 millones en 2014, luego de que se entregó un estudio técnico financiero al Minfin y detalló que según los cálculos que se habían realizado el pacto colectivo tendría un costo aproximado de Q600 millones y no de Q2 mil 133 millones como indicó la PGN y titulares de la cartera de Salud.

Los salubristas se empeñaron en cerrar intermitentemente las áreas de salud y oficinas administrativas desde que se planteó la anulación de las cláusulas. La titular de la cartera, Lucrecia Hernández Mack, aseguró que existió “desinformación” entre los trabajadores y sindicalistas, que los llevó a tomar medidas de hecho.

La funcionaria indicó que la toma de instalaciones “entorpeció los servicios de salud”, a consecuencia de estas acciones se reveló que 700 mil consultas no fueron atendidas y que al verse afectados los ciudadanos se interpusieron varios amparos en instancias judiciales.

El pasado 29 de marzo, un Juzgado Civil amparó provisionalmente a Hernández Mack para que los inconformes levantaran las medidas de hecho.

La ministra mencionó que siempre “han estado abiertos al diálogo” y que todos los miércoles esperaban al sindicato mayoritario para negociar pero que ellos simplemente no se presentaban.

Foto: Archivo

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