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Mientras el Medio Oriente arde y en la península de Corea se fragua una guerra nuclear, 20 países de la Organización de Estados Americanos (OEA) azuzan, irresponsablemente, una confrontación política contra Venezuela, que podría escalar hasta una indeseable intervención militar, en la que todos los pueblos latinoamericanos perderíamos, y mucho.

Constituida en 1948, la Carta fundacional de la OEA, en su primer artículo, establece que la Organización “no tiene más facultades que aquellas que expresamente le confiere la presente Carta, ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros”.

Sin embargo, bajo la presión de Estados Unidos (EE. UU.) y la subordinación de su Secretario General, la OEA ha impulsado una serie de medidas contra Venezuela, violentando su ordenamiento legal, lo que ha obligado al país bolivariano a retirase del foro continental.

La medida asumida por el gobierno de Nicolás Maduro es el resultado previsible de una política intervencionista que no se quedará en el ámbito de las declaraciones diplomáticas, pues la finalidad de este tinglado es apoderarse de los yacimientos petrolíferos de Venezuela, los mayores del mundo. Que nadie se engañe.

Las reservas certificadas de petróleo de Venezuela ascienden a 297 mil millones de barriles, las más grandes del orbe, ubicando al país como el sexto exportador mundial y el primero del continente, proveyendo millón y medio de barriles diarios a EE. UU.

Sería miope negar los problemas reales que vive Venezuela, como el desabasto de alimentos y medicinas, la hiperinflación y la devaluación de la moneda, lo cual ha servido de argumento a una oposición violenta que no busca otra cosa que derrocar a Maduro, negándose a la negociación política, incluso a través de la mediación internacional.

Sin embargo, es la importancia geoestratégica del petróleo venezolano lo que motiva la confrontación interna e internacional contra la patria de Bolívar, máxime ahora que han surgido nuevas condiciones en relación con los carburantes: a) Arabia Saudita (aliado de EE. UU.) y los BRICS han decidido abandonar el dólar como moneda de cambio para el comercio del petróleo, adoptando el trueque o el Renminbi, la moneda de China, debilitando el billete verde; b) EE. UU. y la OTAN no han podido imponer su control militar en medio oriente, lo que les ha impedido apoderarse de las reservas petroleras de Siria, las más grandes del área, después de Irak; c) Irán, Siria e Irak pactaron, en 2011, construir tres ductos para exportar el crudo y el gas de los tres países, por puertos sirios, a Europa y Rusia; d) Israel no ha podido doblegar a Palestina, para apoderarse de las enormes reservas gasíferas marítimas de este país.

Como un bumerán, la guerra por los carburantes en Oriente Medio le reviró a la OTAN, con dos millones de refugiados hacia Europa, generando la mayor crisis humanitaria del continente, desde la Segunda Guerra Mundial, por lo que la política intervencionista no podrá continuar en el mediano plazo. Todo lo anterior hace más apetecible a EE. UU. el petróleo de Venezuela y Ecuador, y el gas de Bolivia.

El despliegue de bases militares de EE. UU. en Colombia y el Caribe, y la estrategia del Comando Sur, develada en documentos desclasificados, son presagios de una guerra intervencionista, a la que sirve la OEA.

Se puede estar de acuerdo o no con la revolución bolivariana de Venezuela, pero es una obligación democrática y humanitaria defender la soberanía de un país miembro de la ONU, cuyo gobierno fue democráticamente electo. Hoy por Venezuela, mañana por nosotros.

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