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editorial

La aprobación en el Organismo Legislativo de un punto resolutivo, en rechazo a todas las formas de violencia en contra de la juventud, durante la sesión plenaria, tras el trágico hecho de tránsito donde un automovilista en franco desprecio por la vida e integridad de las personas, arrolló con su vehículo a un grupo de estudiantes que manifestaba en demanda de la remoción del cargo del director de la Escuela de Ciencias Comerciales No. 2, anexo Federico Mora, lo que causó la amputación de la pierna de una de las manifestantes y lesiones que ameritaron la hospitalización de otros 10 estudiantes.

La actitud de los legisladores resulta vergonzosa y censurable desde todo punto de vista. La aprobación del punto resolutivo que condena las formas de violencia en contra de los jóvenes no produce ningún efecto positivo para la juventud, la cual constantemente demanda de las autoridades atención a sus necesidades.

El único efecto que produce la acción de los legisladores es la producción de rédito político para los congresistas que, una vez aprobada la moción privilegiada, olvidan la alta obligación inherente a su cargo, que es el de velar por la construcción de un Estado de derecho sólido, en democracia, donde la educación y la promoción de oportunidades parecen cada vez más lejanas para una juventud desatendida y abandonada cotidianamente.

Es indignante que las voces de los congresistas se hagan escuchar únicamente de manera reactiva ante la tragedia y no en un afán preventivo ante eventos tan terribles, como el que propició la moción privilegiada en mención y, de igual manera, el punto resolutivo aprobado por el Congreso de la República tras el incendio que terminó con la vida de 41 jovencitas institucionalizadas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, el pasado 8 de marzo.

La ciudadanía consciente debe demandar de las autoridades del Organismo Legislativo el pleno cumplimiento de sus atribuciones y exigir de los mismos un accionar distinto a la simple condena de hechos perfectamente evitables. Es infame que los legisladores lucren políticamente con la tragedia rasgándose las vestiduras ante hechos que han ignorado, de manera crónica y sistemática.

Antes que decretar un punto resolutivo, que en nada favorece a ninguno de los lesionados ni redunda en beneficio para los jóvenes olvidados de nuestro país, resulta necesario que las autoridades ubiquen al responsable de semejante acto de inhumanidad, y le juzguen con la severidad del caso, y que la magnitud de la tragedia nos haga capaces de cuestionarnos como sociedad sobre cuál es la ruta ideal a seguir, a efecto que no se repitan hechos de esta naturaleza.

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