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¿De qué está hecha Thelma Aldana?

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Debido a una querella interpuesta por la Fundación Contra el Terrorismo en contra de Mayra Véliz, secretaria general del Ministerio Público y en contra del secretario de política criminal de esa institución, Rootman Pérez, el Juzgado Décimo de Instancia Penal ordenó a la Fiscal General (sí, un juez le puede dar órdenes a la Fiscal General), que a la brevedad nombre un fiscal especial para investigar la supuesta responsabilidad de Véliz y Pérez en  los delitos de tráfico de influencia y abuso de autoridad.

La querella se deriva de una conversación telefónica entre la licenciada Véliz y la licenciada Tamara de León, ex fiscal de Delitos Administrativos. En esa conversación, que fue grabada y posteriormente hecha pública por de León, se escucha de qué manera la secretaria general del MP trató de presionar a la ex fiscal para que iniciara antejuicios en contra de varios magistrados de una sala, potestad que, según la ley, no le es dable a la secretaria general del Ministerio Público. La querella en contra del secretario de política criminal tiene un origen similar, ya que este también, por escrito, presionó en el mismo sentido a la licenciada de León.

El juicio y la condena a 12 años de prisión en contra del ex diputado Gudy Rivera por el delito de tráfico de influencias, está aun fresco en nuestra memoria, y la tinta de las noticias en relación a la magistrada Blanca Stalling, por supuestamente haber cometido el mismo delito, aun no termina de secarse. Ambos casos son de una magnitud mucho menor que el que dio lugar a la querella contra los altos funcionarios del MP, por lo que no es extraño que el juez Walter Villatoro ordenase a la Fiscal General Thelma Aldana el nombramiento de un fiscal especial para investigar a su segunda de a bordo y a uno de sus más cercanos colaboradores. La orden fue solicitada por la Fundación Contra el Terrorismo al juzgador, debido a que no es correcto, bajo ningún punto de vista, que la licenciada Véliz y el licenciado Pérez  se investiguen a sí mismos, como ocurriría si las pesquisas quedaran en manos de una fiscalía, por lo que el juez Villatoro, actuando apegado a derecho, ordenó el nombramiento de un fiscal especial ajeno a la autoridad de los sindicados.

Preocupa que la fiscal general Thelma Aldana, persona a quien respeto y en cuyo buen juicio confío, haya manifestado el viernes pasado que impugnará la decisión del Juzgado Décimo, aduciendo que “lesiona la independencia de la fiscalía”, cuando es precisamente la independencia del MP lo que la decisión del juez protege.

Es importante traer a colación la decisión del presidente Jimmy Morales, de no interferir en el curso de la justicia en relación al proceso judicial al que está siendo sometido su hijo, por un delito mucho menos grave que el que supuestamente cometieron Mayra Véliz y Rootman Pérez.

Esta es, sin duda, una prueba de fuego para la Fiscal General, que tiene que decidir entre permitir que la justicia siga su libre cauce, como hizo el presidente Morales, o si, por el contrario, opta por proteger a dos de sus allegados, a quienes ya debió suspender de sus funciones mientras se aclara su responsabilidad en los hechos que se les sindica.

Justo después que Thelma Aldana fue nombrada por la prestigiosa revista Time como una de las personas más influyentes del orbe, se le presenta la valiosa oportunidad de mostrar, una vez más, de qué está hecha, y si está en capacidad de encargarse ya de la persecución penal plena, ante el impostergable retiro del colombiano Iván Velásquez como Fiscal General de facto.

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