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Hace dos años, la ciudadanía se volcó a las calles en una gesta cívica contra la corrupción. El destape de las mafias enquistadas en las instituciones, al más alto nivel, generó un enorme malestar social, que se expresó en una crisis de credibilidad en el Estado y en el binomio gobernante, quienes terminaron en la cárcel, iniciándose un proceso de depuración institucional que aún no termina, encabezado por el MP y la CICIG.

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Un año después, en abril de 2016, cuando los escépticos daban por muerto al movimiento ciudadano, la marcha por el agua partió de la Guatemala profunda, la indígena, pobre y marginal, para despertar a la Guatemala urbana. No pudo haber mejor conmemoración de esa efeméride que la concentración de treinta mil ciudadanos en el parque Central, demandando agua y justicia.

Después de marchar por once días bajo un sol inclemente, los indígenas y los campesinos volvieron a sacudir a la amodorrada capital. Su temple, organización y liderazgo social tuvo que ser reconocido por los presidentes de los tres poderes del Estado, quienes los recibieron a sabiendas que trataban con una fuerza social histórica. Nada menos que aquellos que nos alimentan, y son creadores y portadores de la cultura que nos engrandece.

Las corruptelas de políticos y empresarios, las masacres de los militares y el robo de los ríos nacen de una misma matriz: la impunidad. Corruptos, finqueros y genocidas actúan al margen de la ley, porque se consideran intocables; pero las gestas ciudadanas de los últimos dos años han sacudido al sistema putrefacto y clientelar que ellos crearon, y los órganos de justicia abarrotan cárceles y tribunales con delincuentes de cuello blanco.

Dos años después del levantamiento en abril de 2015, vuelve a cobrar vigencia la recurrente pregunta ¿Qué hacer?

La ciudadanía demanda transformaciones profundas del modelo de Estado y sus instituciones. Son tan numerosas, integrales y variadas que, ineludiblemente, se requiere convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, para reconstituir de fondo el pacto social mediante una nueva Carta Magna. Quienes se oponen a esta salida legal y legítima, estarán propiciando un enfrentamiento de consecuencias imprevisibles. La gente ya no aguanta tanta violencia, tanta impunidad, tanta pobreza y tanta hambre.

La Asamblea Nacional Constituyente –ANC- la puede solicitar el Pueblo mediante cinco mil firmas y demandar que en la convocatoria se establezca que se podrán reformar todos los artículos que sean necesarios, salvo los relativos a la extensión del mandato y la reelección presidencial. Obviamente, se tendrá que presionar social y políticamente al Congreso para que respeten la voluntad popular.

Sin embargo, antes de convocar a una ANC hay que reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos –LEPP-, para evitar que los politicastros venales y el crimen organizado copen la Constituyente. En esas reformas, los Pueblos indígenas y los sectores sociales deberán tener representación político-electoral, en proporción a su número. Se trata, pues, de establecer una ANC representativa, legítima y legal.

Los sectores dominantes deben entender que las transformaciones serán ineludibles, y que es mejor discutirlas civilizadamente en una ANC que en la calle, frente a un Pueblo que ejercerá su poder soberano inexorablemente.

Hay que retomar el camino, fortaleciendo el movimiento cívico con un programa de lucha, una estructura y una dirección política de nuevo tipo. El Pueblo se ha erguido, ha dicho ¡básta! y reclama democracia, justicia y probidad. Hoy es cuando.

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