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“Guatemala ha sido diseñada para la impunidad”. Fue el comentario atinado del comisionado Velásquez en la última reunión de la SIP.  Esto significa que el arreglo institucional y los balances entre los poderes del Estado producen ´zonas de gris´ lo cual permite que, en determinados casos la influencia necesaria del Estado sea mínima (solo el 10 por ciento de los municipios del país cuentan con representación del Ministerio Público) pero en otros casos la influencia sea dominante generando así incentivos perversos (el poder ejecutivo escoge a dedo, sin ninguna limitación real a funcionarios claves del Estado).  Estos son sólo dos ejemplos.

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Cuando el diseño institucional tiene estas ´limitaciones´ hay funciones fundamentales del Estado que no llegan a cumplir con los objetivos propuestos.   Una de estas funciones es, la fiscalización entre los mismos poderes.  Veamos algunos casos. Aunque los perfiles para nombrar al Contralor General de la Nación pasen por una mesa de selección, el Ejecutivo selecciona el perfil que mejor le convenga. Lo que explica entonces el silencio recurrente de dicha institución frente al desbaratamiento que se hace del Estado.  Otro caso igual puede citarse con relación a la elección del Jefe del Ministerio Público.  Aunque al ejecutivo se le den nombres seleccionados por un mecanismo ´autónomo´, el mecanismo no es perfecto y el ejecutivo escoge lo que le conviene. En esencia, escoge perfiles que le serán útiles o poco incómodos. Otro ejemplo.   Durante el gobierno del PP la secretaría de transparencia se adjuntó la oficina de la vicepresidencia y con ello se politizó el mecanismo.

Romper las reglas y no transparentar lo que hago afecta no sólo al poder ejecutivo.  El legislativo va a sufrir las implicaciones del escándalo Odebrecht.  Los grandes partidos políticos que quedan se verán cancelados cuando no puedan explicar su financiamiento electoral: concretamente la UNE.  Si, menos mal CICIG favorecía a la UNE. Otras instituciones estatales tampoco se salvan.  No hay responsables penales por la pérdida de arsenal militar.  No se trata de ser anti ejército pero, cuando armas de uso exclusivo del ejército aparecen en manos de pandillas,  ¿Quién es el primer responsable? Otro caso. La municipalidad de Guatemala no tiene ningún interés en tomar en serio la demanda de Acción Ciudadana para abrir sus libros.   El sector privado tradicional tampoco se salva.

Álvaro Mayorga Girón fue el presidente de la Cámara de la Construcción del CACIF durante el gobierno del Partido Patriota. Fue representante legal de CONASA (una de las constructoras más viejas del país). De acuerdo a las investigaciones realizadas por el caso Cooptación del Estado, presuntamente recibieron Q550 millones en contratos durante el gobierno después de financiarlos ilegalmente.   Suena el caso de Aceros de Guatemala quienes debieron pagar  Q782.9 millones por una acusación (no presunta) de evasión fiscal.  Lo que asquea,  es que la empresa prefiera pagar la multa a pagar los impuestos. Pero también nos prueba que evadiendo, las empresas grandes crecen bien.  No es un caso aislado. El Hotel Camino Real paga Q45 millones a la SAT por multas acumuladas. No se trata de ser anti empresa privada pero, un contribuyente de a pie tiene derecho a indignarse me parece.

¿Cuál es la perversa lógica? La perversa lógica es la de estrangular al Estado para no dotarle de recursos, un clase política nada responsable y un argumento que luego se resume en:  ´El Estado no sirve´   Bueno, sí, en estas condiciones descritas pues no.   Y es más perversa la lógica que argumenta luego que sin corrupción es imposible ejecutar gasto, invertir, etc.  Siendo honestos, la CICIG es a final de cuentas algo más que un simple mal necesario.

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