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Por: Erwin Lobos Rios

Guatemala es un Estado Constitucional de Derecho y como tal tiene definido los poderes deberes y responsabilidades, el que debe procurar y realizar para todas las personas, sus fines, por medio de las instituciones debidamente organizadas a las que se le ha asignado una conducción rectora, para el logro de sus atribuciones, en razón de el bien común. Sin embargo, se puede observar y aún más con la metodología correspondiente, claramente nuestra sociedad vive, padece y se encuentra viviendo y enfrentando una crisis Política de Estado.

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Esta, como crisis política no depende esencialmente de la organización del Estado, que ya insuficiente o inoperante debería sustituirse. Menos aún de una ciudadanía expectante y hoy demandan te, que presiona válidamente por una gobernabilidad institucional eficaz, en todos los órdenes, desde la seguridad individual, la seguridad colectiva, las políticas de Estado basadas exclusivamente en los mandatos constitucionales, acerca de la salud, educación y toda cuestión de orden interno.

Históricamente el problema se origina en la conducción política del Estado por una clase política a la que hay que calificar como “clase política fallida”, puesto que todo lo relativo a la gobernanza, a la seguridad, a la salud, a la educación, al empleo y al cumplimiento de los deberes constitucionales, ha sido conducido bajo interés, en perversidad y con un dejamiento de los deberes y garantías propias de los ciudadanos, en relevos políticos eleccionarios sin soluciones permanentes sostenibles y eficaces, incluso totalmente como reflejo de la ineptitud deteniendo el desarrollo, crecimiento y perspectivas futuras. Para esto está como ejemplo, el “dominio acelerado de la impunidad y la pérdida activa y apresurada de la gobernabilidad”. Los responsables de la situación actual es la llamada clase “política fallida”. Nunca los ciudadanos votaron por representantes, presidentes o alcaldes, para que asaltaran las arcas nacionales.

Jamás los ciudadanos dieron un cheque en blanco a los mandatarios. Siempre los procesos electorales se plantearon en la institucionalidad del país, para cumplir deberes y mandatos precisos, sin ninguna opción a separarse de la legalidad y violar constantemente nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Durante décadas la clase política fallida en contubernio con sectores oscuros del país, han conducido con una cohorte de funcionarios y empleados de comprobada incapacidad y en algunos casos con una total ignorancia enciclopédica, de lo que es función pública esencialmente como deberes ineludibles en una permanente actividad eficiente y eficaz.

Un examen a la clase política fallida en el sentido histórico en razón de la conducción y gobernabilidad de Estado, establecen que en un gran porcentaje de la burocracia estatal, en su origen, es decir, su ascenso al Estado como oficiales de gobierno, son los partidos políticos, en lo individual con manifestaciones en nepotismo de compadrazgo, de achichincles y de personas sin vocación de servicio esencialmente movidos por intereses económicos, de la atrocidad y de traidores. Se puede comprobar cómo se reciclan los políticos, como se alternan en el gobierno, en cierta manera de común acuerdo con los cargos políticos de Estado la problemática de nuestro país. Los ciudadanos tienen derechos y no es necesario exigirlos puesto que son deberes del Estado que este por mandato imperativo debe cumplir ya.

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