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De intervencionismos y falsos golpes de Estado

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Venezuela y Paraguay viven crisis institucionales, de diferente índole, que son tratadas de forma desigual por la OEA y por la prensa internacional, sembrando una peligrosa confusión que daña la convivencia pacífica entre naciones, en una época en la que la humanidad debe enfrentar unida desafíos que, como el cambio climático, amenazan su existencia. La norma de la no intervención en los asuntos internos de un país rige universalmente, pero la OEA la ha violentado históricamente, por presiones de la gran potencia continental, como en 1954, cuando respaldó el golpe de Estado contra el gobierno constitucional de Jacobo Árbenz, con apoyo de la CIA, como se ha probado con los documentos desclasificados.

En la actualidad, el Secretario General de la OEA y doce países miembros, han impulsado una serie de acciones contra el Gobierno de Venezuela que rayan en un claro intervencionismo, y no ayudan a que los venezolanos resuelvan civilizadamente sus controversias, pues es a ellos y a nadie más a quienes les corresponde definir su futuro. Para tratar este asunto, Venezuela solicitó la reunión del Consejo Permanente, el 30 de marzo, reclamando el cese de las actividades unipersonales de Almagro, al margen de la Asamblea General. Inmediatamente, el Secretario General, con el apoyo de 20 países, convocó a una reunión extraordinaria del Consejo para el día siguiente.

Almagro propuso, por segunda vez, la aplicación de la Carta Interamericana, aduciendo una presunta ruptura de las instituciones democráticas, lo que no fue aceptado por el Consejo Permanente, que se limitó a emitir un pronunciamiento, comprometiéndose a buscar soluciones diplomáticas, lo cual fue una victoria parcial del gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, las empresas de comunicación masiva titularon a los cuatro vientos ¡Golpe de Estado en Venezuela! en un acto de propaganda ideológica, cuyo trasfondo casi no se ha publicitado, el cual explico a continuación. En agosto de 2016, la Asamblea Nacional de Venezuela –ANV- dominada por la oposición, juramentó e instaló a cuatro diputados electos fraudulentamente, cuyos casos estaban en revisión judicial, con el propósito de obtener mayoría absoluta, lo que aumentaba significativamente sus poderes, pudiendo remover ministros, funcionarios de la Comisión Nacional Electoral y a magistrados el Tribunal Superior de Justicia –TSJ-.

Ante esta ilegalidad, el TSJ declaró en desacato al parlamento y nulas sus resoluciones. A pesar de ello, la ANV siguió emitiendo decretos, incluida la decisión de ¡solicitar la intervención de la OEA! al amparo de la Carta Interamericana. Es la primera vez que un parlamento solicita una intervención extranjera, para enfrentar a una supuesta dictadura que, curiosamente, les deja expresarse y no los disuelve represivamente, a pesar de que violentan la democracia. Ante semejante provocación, el TSJ cometió el error de emitir dos resoluciones que privaban a los diputados de su fuero parlamentario, y se arrogaba temporalmente las funciones legislativas, lo cual es inconstitucional; tres días después, el Tribunal revocó su decisión.

Mientras la OEA presionaba a Venezuela, guardaba silencio ante la quema del parlamento paraguayo, por las protestas populares en contra de un golpe de Estado del Senado, aplicando un doble rasero. Cuando la derecha rompe el orden constitucional, la OEA y la prensa comercial guardan silencio, deslegitimándose, pero las decisiones soberanas de gobiernos democráticos son tachadas de dictatoriales. ¿Diplomacia o demagogia?

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