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Prisión preventiva, ¿Análisis real o conveniencia?

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Por: Fernando A. Marín

Estamos viviendo una época convulsiva en el sistema de justicia. La cantidad de casos de alto impacto tienen sobrepoblados los centros de prisión preventiva, que se suman a los cientos de personas que guardan prisión preventiva por distintas razones. Sin embargo, esta semana presenciamos un hecho que a todos dejó sorprendidos. La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal resolvió otorgar a la magistrada Blanca Stalling arresto domiciliario, ordenando su liberación de la prisión que guardaba.

 Entonces, cabe preguntarse, ¿los análisis para ordenar la prisión preventiva son objetivos? El Código Procesal Penal establece la prisión preventiva como una medida de coerción de último recurso “La libertad no debe restringirse sino en los límites absolutamente indispensables para asegurar la presencia del imputado al proceso”, lee el artículo 259. Las excepciones a la libertad pasan por el análisis de la posibilidad de concurrencia de peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad. Para evaluar el peligro de fuga los jueces deben tomar en consideración, entre otros, la importancia del daño resarcible y la actitud que el imputado adopta voluntariamente frente a él, y la conducta anterior del imputado.

“El comportamiento de la magistrada Stalling no ha sido otro que desalentador”.

Por su parte frente al análisis que permite determinar el peligro de obstaculización de la averiguación de la verdad se encuentra la grave sospecha que el imputado pueda: destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba; influir para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente; o, inducir a otros a realizar tales comportamientos. El comportamiento de la magistrada Stalling no ha sido otro que desalentador. Ha puesto su egoísmo y la gana de salvaguardar su libertad frente a la institucionalidad. Su instinto maternal frente al deber que asumió en la magistratura. Para una persona cuya función pública es hacer cumplir la ley, lejos está de ser un modelo a seguir. Sus actos han demostrado poco compromiso con la justicia. Ha dañado fuertemente la imagen del sistema de justicia, un daño difícilmente reparable.

Acto posterior a que fuere levantada su inmunidad, se giró una orden de captura que pasó varios días para que fuera efectiva. En primer lugar se hicieron declaraciones sobre que estaba internada en un centro hospitalario. Al no ser encontrada allí, se buscó en su vivienda, donde tampoco hubo suerte. Finalmente, fue detenida en una abarrotería en la zona 9 de la ciudad, utilizando una peluca y portando un arma de fuego. La elusión a su captura fue evidente.

Lo anterior sin dejar pasar el motivo por el cual fue levantada su inmunidad, que no fue otra sino hacerse valer de su cargo público, ¡una magistratura de la Corte Suprema de Justicia!, para coaccionar al juez que controla el proceso en el que está siendo procesado su hijo. Si a pesar de estos elementos, la prisión preventiva no era suficiente, entonces, ¿no será injusto el sistema con aquellas personas que voluntariamente se sometieron a la justicia?, ¿dónde está el parámetro? O será que ¿entre jueces hay trato preferencial?

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