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Juramentan a ciudadanos que reemplazarán a diputados con problemas legales

Este miércoles tres ciudadanos fueron juramentados como nuevos diputados del Congreso de la República, quienes reemplazarán a parlamentarios que tienen problemas con la justicia.

Se trata de Juan Adriel Orozco Mejía quien estará en lugar de Edgar Justino Ovalle Maldonado, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación); Pedro Pablo Tzaj Guarchaj sustituirá a Manuel Marcelino García Chutá, de la bancada Movimiento Reformador (MR) y Karina Alessandra Paz Rosales ocupará el lugar de César Emilio Fajardo Morales, diputado independiente, quien además formó filas de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE)

La juramentación había sido programada para mañana pero se trasladó para esta tarde debido a que no se rompió el quórum para seguir discutiendo las reformas constitucionales al sector justicia.

García Chutá y Fajardo están vinculados en el caso Plazas Fantasma y ayer fueron ligados a proceso y enviados a prisión preventiva al cuartel Matamoros.

La investigación estableció que García, a quien le fue retirada la inmunidad en enero, solicitó la contratación de 22 personas para su oficina sin justificación, en su mayoría asistentes bajo el renglón 022 y con salarios entre Q10 mil a Q15 mil. También se determinó que bajo su cargo tenía a ocho personas que no se presentaban al Congreso pero devengaban su salario.

Fajardo perdió su inmunidad en febrero y reclutó a 20 personas, también en el renglón 022, con salarios de Q7 mil a Q15 mil.  Además se reveló que tenía bajo su cargo a tres personas que cobraban su sueldo y no se presentaban a trabajar.

En este caso también fueron ligados a proceso Amilcar Aleksander Castillo Roca y Juan David Alfredo Alcázar Solís, quienes formaron parte del bloque del extinto Partido Patriota (PP), los cinco señalados fueron procesados por los delitos de abuso de autoridad y peculado por sustracción.

Por otro lado, Ovalle Maldonado implicado en el caso Creompaz está prófugo de la justicia luego de que se girara una orden de captura en su contra el pasado 17 de marzo.

El 6 de enero de 2016 el Ministerio Público (MP) planteó el antejuicio contra Ovalle para ser investigado por su presunta vinculación en la desaparición forzada de cinco personas cuando se encontraba en la zona militar No. 21, ahora el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Paz (Creompaz), ubicado en Cobán, Alta Verapaz.

La acusación detalla que en esa base militar encontraron 588 osamentas, de las cuales 97 fueron identificadas luego de una comparación de ADN.

El 19 de marzo solicitaron a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) la alerta roja para localizar y capturar al diputado oficialista, en caso de que haya salido del país pese a que fue arraigado.

Foto: @CongresoGuate

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