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Los últimos ataques de la mara Barrio 18 son parte de una guerra de humo y plomo, desatada por los poderes ocultos de siempre. Es de plomo, porque los cuatro monitores y los tres policías muertos son reales; pero pretende tender una cortina de humo para ocultar el trasfondo: mantener el régimen de impunidad a favor de militares genocidas, políticos corruptos y empresarios venales. Que nadie se engañe. Los medios de comunicación han publicado cuatro noticias, que son claves para entender el tinglado de este montaje criminal y mediático.

  • En primer lugar, develaron las fotos publicadas por los mismos monitores del Hogar Seguro, exhibiéndose con un arsenal digno de una banda criminal. Inmediatamente corrió la información que son parte del cártel de la Charola, dirigida por altos mandos de la Policía Nacional Civil –PNC- , estructura criminal que se ha encargado se infiltrar a sus soldados en todas las dependencias del Estado, para tener cobertura oficial, portar armamento y gozar de impunidad.
  • En segundo término, se hizo público que el día anterior a la mortandad de las niñas en el Hogar Seguro, monitores y monitoras abrieron las puertas del establecimiento e instaron a las niñas y a los jóvenes a huir, para después solicitar a la PNC que se desarrollara una virtual cacería en los bosques, mercados y barrios de San José Pinula. Esto justificó incrementar el rigor de los castigos y el encierro de las niñas capturadas y amotinadas, con el saldo de 40 menores calcinadas ante los agentes del Estado.
  • En tercer lugar, se conoció que el motín en la Etapa II se fraguó por el traslado de varios cabecillas del Barrio 18 a otro centro. La recuperación del plantel fue la excusa utilizada por la mara afectada para desatar, dos horas después, una virtual ofensiva contra instalaciones y elementos de la PNC que, por su intensidad, sincronía y armamento, reflejó un operativo planificado y coordinado con anterioridad, con criterios militares, que no son propios de jovencitos infractores. El saldo fue de tres policías muertos y siete heridos, y el asesinato del recluso que lideró el motín, para eliminar a quien fue el vínculo con la mano oculta que dirigió todo este tinglado.

La última información que hay que vincular a los hechos descritos, es el cúmulo de denuncias presentadas e ignoradas sobre las inhumanas condiciones de funcionamiento de las instalaciones de la Secretaría de Bienestar Social, y sobre la total impunidad que gozan los cabecillas de las maras para dirigir las operaciones delictivas desde las cárceles, donde cuentan con teléfonos, dinero, armas, drogas y más poder que las autoridades.

Es evidente que se trata de un sistema complejo, articulado desde altas esferas del poder político, económico y militar, que puede ordenar desde un atentado contra la Fiscal General, hasta una ofensiva contra la PNC, con el evidente propósito de generar temor y reclamar mano dura.

Ese es el contexto ideal para lanzar una campaña de desprestigio contra los defensores de los Derechos Humanos, atacando a la CICIG, al MP, a la PDH y a OACNUDH, con el propósito de limitar su accionar en contra del régimen de impunidad, que ha permitido el enriquecimiento faraónico de una élite criminal, que teme perder el control del Congreso, los tribunales, el presupuesto público y el aparato administrativo, y tiembla ante la posibilidad de ser juzgada y encarcelada. Ese es el fondo de esta nueva guerra de humo y plomo, que dirige la vieja y aflatada estructura criminal que dificulta la construcción de una nueva Guatemala.

 

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