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La situación se plantea inevitable, se están multiplicando los síntomas de grave descomposición política e institucional que atraviesa el Estado guatemalteco. Es tan grave que el camino ya no es de simple reforma, de medidas de reproducción del sistema político, sino de transformación profunda, de refundación del Estado. Las vidas perdidas de las niñas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción y de agentes estatales, en un centro de detención juvenil y en separos de la PNC, anuncian la llegada de un período aún más complejo.

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La situación es crítica y las tensiones crecientes. El Poder Ejecutivo está sin rumbo, actuando en forma errática e incapaz de contener el inevitable colapso institucional frente a la precariedad de los servicios; están generándose más grandes fisuras. El Poder Legislativo no encuentra forma de canalizar y de responder al cúmulo de demandas sociales, tampoco frente a la cantidad de diputados encausados y el riesgo que se multipliquen los casos a casi todos los bloques parlamentarios y sus integrantes, por financiamiento electoral ilícito, así como por los negocios corruptos gestados en la aprobación de contratos de obra pública. Es hasta probable que nos quedemos sin partidos políticos.

Finalmente, en el Poder Judicial persiste la penetración del crimen organizado y la corrupción, así como su incapacidad de responder a los requerimientos de debido proceso, de justicia pronta y cumplida. Todo apunta a un desenlace crítico en el cortísimo plazo. En todas partes se preguntan hasta dónde llegará el  presidente y su equipo.  Pero el problema es más profundo que el del simple desplazamiento de personajes. El viejo Estado, ese mismo de los 170 años de República y de 195 años de independencia, ese que se empezó a formar sobre una sociedad colonial, está a punto de reventar.

Los siniestros y violencia de las últimas semanas no son simples coincidencias. Más parecen focos de oposición a livianos avances democráticos, tales como las reformas constitucionales que ahora, sin la jurisdicción indígena, se muestran más cosméticas, tremendamente mejorables, pero no por eso descartables. Sin embargo, a lo más rancio del conservadurismo, cualquier atisbo de igualdad ante la ley, de derechos humanos, de autonomía en el funcionamiento de las instituciones y de apertura democrática, le suena a comunismo y amenaza.

Incluso, fueron incapaces de aprender siquiera el a,b,c de la lección de honorabilidad, visión histórica y sobriedad política de las autoridades ancestrales, al decirles ¡basta! la jurisdicción indígena ha existido y existirá con o sin el reconocimiento político de ese Estado ilegítimo, corrupto, cooptado y envilecido por intereses espurios de grupos dominantes, legales e ilegales.

Mientras tanto, siguen en marcha los procesos, deliberaciones y movilización popular y multisectorial de ASP, Codeca, CPO y otras agrupaciones que vienen trabajando propuestas de refundación del Estado, pero con un sentido de ruptura con el pasado y el viejo Estado ideado para proteger intereses de unos pocos. La reproducción ya no es viable, es la redefinición y la refundación, el camino.

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