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Criminalizar a padres y madres

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Sin lugar a dudas, las tragedias masivas y escandalosas, las que nos llenan de tanta vergüenza, ocurren siempre en la gente pobre. Las 40 niñas que murieron hace pocos días, son una muestra de que, en los contextos de pobreza, exclusión y abuso, las situaciones se agravan y llegan a niveles muy dramáticos. De nuevo, no solo es el dolor sino también el absurdo los que nos marcan e identifican ante el mundo entero. Pero por si fuera poco todo lo anterior, tenemos que enfrentar la dura actitud de quienes criminalizan a padres y madres por esta tragedia. Claro que muchos no supieron asumir su responsabilidad y “depositaron” a sus hijos en ese terrible lugar. ¿Pero por qué se las recibieron, sin apoyarles, formarles u orientarles? Muchas niñas fueron abusadas por familiares y conocidos, quienes también son parte de esta horrible realidad.

Pero, ¿por qué el Estado no reaccionó frente a los abusadores, por qué tuvieron que internar a las niñas y alejarlas de sus hogares, cuando eran los abusadores los que tendrían que haber estar presos? ¿Cuánto hace el Estado para no dejar impune esos abusos? ¿Cuánto hacemos para que la institucionalización sea el último, el muy último, paso de la protección? Criminalizar a padres y madres es como el señalamiento más fácil de hacer; es el “apaga conciencias” que parece que todos andamos buscando para suavizar la pena que colectiva que tenemos. Pero no es justo, porque muchos de esos padres y madres no tuvieron más opción que la “seguridad” que les ofrecía ese hogar infernal.

Otros no comprenden otras formas; para otros, tenerlas ahí era un dolor inmenso. Y para todos los padres y madres de quienes murieron, el dolor es tan inmenso y profundo, como que para, además, deban hoy ser considerados los causantes de la muerte de sus hijas. La criminalización de padres y madres también ocurre porque son pobres. Ocurrió todo bajo la responsabilidad del Estado, no podemos olvidar eso. Criminalizar a padres y madres es olvidar que en esta tragedia hay involucrados policías, jueces, autoridades, monitores, hasta el propio Presidente de la República tiene que responder por sus acciones y decisiones en los momentos más difíciles de todo esto.

Debemos poner atención, antes que juzgar a padres y madres, al hecho de que varios monitores o tutores abusaron de las niñas, incluso estaban armados de manera tan intimidante que lo menos que podían hacer era la función de tutorear. ¿Qué educación, formación o rehabilitación puede ser aquella que está en manos (y mentes y corazones) militarizadas? No desviemos la mirada. Aquí hay responsables de la falta de protección que el Estado de Guatemala muestra. Responsables de las carencias institucionales, de la falta de aplicación de protocolos, de falta de acción determinante, de decisiones judiciales que fueron complicando todo, de corrupción que impactó en la calidad de estos centros.

Por eso, dedicar nuestras energías a criminalizar a padres y madres de familia no solo es plenamente injusto, sino que también puede ser un distractor. Puede que por pensar en las familias (que son parte de la realidad de abuso y maltrato a la niñez y adolescencia), dejemos de pensar en el Estado como responsable general, y en distintos funcionarios como los responsables directos de este dolor que a todos nos envuelve.

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