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Informa Siglo21 (18.03.17) que patrocinada por el diputado Jaime José Regalado Oliva, se pretende reformar el artículo 100 de la Ley del Servicio Civil del Organismo Legislativo para que diga: “Se eximen de toda responsabilidad penal a los empleados y dignatarios que hayan participado en los mismos, con la excepción de quienes están prófugos de la justicia antes de la aprobación de la presente reforma.” Prensa Libre de la misma fecha anota que “ingresó en la agenda, a través de una moción casi anónima”. Estos hechos  opino  son un triste y penoso retrato de lo que son en su gran mayoría nuestros “representantes del pueblo y dignatarios de la Nación.”

Desde la perspectiva jurídica se justifica exponer brevemente los motivos que justificarían sobradamente la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley que pudiera aprobar el Congreso de la República en base la monstruosidad de la iniciativa que me ocupa. Principio fundamental de todo Estado de Derecho es el que popularmente se enuncia diciendo que “Nadie puede ser juez y parte”. Elevado este principio a un plano más alto su enunciado afirma que “nadie puede aprovecharse de sus potestades públicas en favor propio”. Aplicado al ámbito legislativo se enunciaría diciendo que “nadie puede legislar en provecho propio.” Esta prohibición está fundamentada en la teoría del abuso de derecho: Nadie puede abusar de su propio derecho y, correlativamente, los derechos deben ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe.

Muy bien y muy claro lo enuncia nuestra Constitución al decir que pretende “impulsar […] un orden institucional estable […] donde gobernantes y gobernados procedan con absoluto apego al Derecho”. Los ejemplos más familiares son las prohibiciones impuestas a los tutores para aquirir bienes de sus pupilos; a los notarios para autorizar instrumentos públicos en provecho propio beneficio y a los administradores de las sociedades para utilizar en su propio beneficio el patrimonio social. Un ejemplo referido al Derecho Público sería la abusiva disposición que otrora permitía que los diputados al Congreso de la República importaran vehículos exonerados de impuestos de importación.

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