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Si con lograr la renuncia presidencial se pudiera modificar y corregir todos los errores del proceso democrático, posiblemente habría renuncias de presidente cada semana. Basta con preguntar a los argentinos si los 5 presidentes que tuvieron en una sola semana solventaron la gravísima crisis financiera del año 2000.

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¿Qué logra en concreto la renuncia presidencial? Poco para ser honestos, se consigue muy poco. Y lo que realmente se consigue, por lo general, pasa desapercibido para la mayoría de los ciudadanos. La percepción ciudadana supone, equivocadamente, que el Presidente es completamente responsable de todos los errores que suceden y si bien en un régimen presidencial el Ejecutivo es dominante, los errores de acción u omisión también le competen a los órganos inferiores. Es importante desmentir esa percepción en la cual el Presidente chasquea los dedos y el sistema político se mueve en su totalidad. A excepción de un caso, en el cual el dominio parlamentario del Presidente es más que claro, un presidencialismo (como el actual caso guatemalteco) posiblemente no tenga control sobre todas las cosas que suceden bajo sus narices.

Exceptuando aquellos casos en que las acusaciones de corrupción están fundadas, cuando hay gravísimas violaciones a la Constitución o cuando un Presidente es declarado incapaz, la renuncia presidencial tiene un efecto meramente simbólico. En términos generales, la renuncia del titular del Ejecutivo toma lugar para evitar la expresión violenta en el espacio público y así garantizar la estabilidad. Lo normal es que sea la última opción y no la primera. Y, a pesar de ello, buena parte de los problemas originales pueden continuar. Algo poco, pero poco considerado por los sectores ciudadanos que demandan la interrupción del Mandato Presidencial, es la nueva conformación del Ejecutivo luego de la renuncia del Presidente. Pocos notan que al requerirse un nuevo vicepresidente “designado”, el Ejecutivo en su totalidad pierde la condición fundamental de ser un cuerpo producto total de la soberanía popular. Por eso, los gobiernos de transición se preocupan exclusivamente por caminar con seguridad hacia las siguientes elecciones democráticas. Una renuncia presidencial o un juicio político que retira legalmente al Presidente (no digamos el golpe de Estado) no es siempre una historia de final feliz. Tiene consecuencias económicas, tiene consecuencias sociales y tiene consecuencias políticas.

Las últimas son a veces las más graves, porque una vez que se rompe el Mandato, es difícil no volverlo a intentar. Un caso de tragedia como el sucedido hace una semana en Ciudad de Guatemala activó la demanda de la renuncia presidencial, entre ciertos sectores de sociedad civil. El argumento hacía uso del aparente principio de la responsabilidad institucional. Las responsabilidades institucionales en esta tragedia no se limitan solamente a los titulares de la Secretaría de Bienestar, por permitir que esta instalación operara en las condiciones que lo hacía. ¿Cuántas denuncias estaban puestas contra este hogar de niños? ¿Por qué no habían sido investigadas? ¿Por qué no se atendieron? ¿Esto también es responsabilidad del Presidente? No, es responsabilidad del ente investigador, pero los sectores progresistas no se atreven a criticar la omisión del MP. Ni siquiera les pasó por la cabeza que si el argumento del caso era “ejecución extra-judicial” (aspecto que no está aún probado por las investigaciones), al menos podría haberse solicitado la intervención de CICIG.

En este caso en particular, si bien la gestión del presidente Morales deja mucho que desear, la renuncia del presidente Morales es lo de menos. Pero si de renuncias se trata, hay varias para solicitar.

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