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Por: Alejandro Palmieri Waelti

Hace Algunos medios han hecho una alharaca a raíz del dictamen favorable a la iniciativa 5148 del Congreso de la República que busca limitar el tiempo que una persona puede pasar en prisión preventiva. En esencia, busca proteger los derechos humanos de los detenidos. Pero, lamentablemente, en Guatemala todo se malinterpreta y se retuerce y se dijo que lo que buscaban los diputados era sacar de la cárcel a los procesados por casos de corrupción. Nada respecto a los otros nueve mil y pico detenidos que no han sido condenados, muchos de ellos de escasos recursos. El secretario de Política Criminal del MP, Rootman Pérez, llegó al punto de decir que es un “instrumento para generar impunidad”, según reporta elPeriódico.

En su Informe del año 2013 sobre el uso de la Prisión Preventiva en las Américas, la CIDH da cuenta que Guatemala reportó entonces que dos terceras partes de los detenidos estaban en prisión preventiva. Está de más decir que la CIDH a lo largo de su informe condena drásticamente la aplicación arbitraria e ilegal de la prisión preventiva; llama a los Estados a respetar la presunción de inocencia y a dictar prisión preventiva de manera excepcional. Claro está que Guatemala no ha atendido tal recomendación. Acá, la primera noticia que el MP da a un sindicado es la captura con todo y cobertura mediática violando con ello los artículos 13 y 14 de la Constitución, entre otros. Luego el juez ordena prisión preventiva como norma; de esa cuenta violando los derechos humanos y, por supuesto, las recomendaciones de la CIDH. De esto el PDH no dice ni pío.

El MP dijo que excarcelar a detenidos mientras están sujetos a proceso genera impunidad. ¡Habrase visto! Poner límite razonable a la prisión preventiva es en pro de los derechos humanos. La prisión preventiva se convierte en pena anticipada, la cual es abiertamente contraria al régimen establecido por la Convención y Declaración Americanas. Ojo, lo dice la CIDH que tanto alaban oenegeros y activistas (cuando les conviene, claro, como este caso lo ejemplifica). El problema penitenciario es complejo y requiere de varios ajustes legales, pero se empieza por el principio que es la protección irrestricta de los derechos humanos, conocidos como derechos fundamentales. Este tema da para mucho más y pretendo seguirlo abordado en próximas entregas. Dejar pudriéndose en prisión preventiva a personas sin ser condenadas es una abierta violación de los derechos humanos. ¡Ojo, lo dice la CIDH!

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