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Entre el dolor y la rabia que la terrible muerte de 41 niñas confiadas al Gobierno de Guatemala para su custodia nos causa, resulta indispensable que los órganos públicos responsables de hacer justicia actúen para no solo impedir que hechos tan dramáticos y totalmente evitables puedan repetirse sino para resarcir, en algo, a una sociedad que de manera brutal ha visto que la dignidad de niños y niñas humildes no es respetada por las actuales autoridades.

Debe quedar claro que la tragedia perfectamente pudo evitarse, pues no fue un hecho fortuito o accidental. Resulta indispensable establecer el nivel de responsabilidades, lo que está íntimamente ligado a la capacidad legal y formal de tomar decisiones en ese mal llamado Hogar Seguro. Las niñas estaban bajo el cuidado, protección y responsabilidad de un ente gubernamental, por lo que es en él donde recaen todas las culpas de lo sucedido. ilustración Virgilio Alvarez

El Estado a través de todas sus instituciones es garante de la vida de sus ciudadanos, aun en el caso de los reos más peligrosos y criminales cuando están bajo su custodia. Las niñas y adolescentes terriblemente calcinadas, así como todos los niños y niñas allí residiendo habían sido puestos, por orden de juez competente, bajo el cuidado y protección de esa agencia gubernamental. Si ante la trágica muerte de Alexander Aldana en la piscina del Liceo Javier hace apenas un año, el director de ese centro y el profesor encargado han sido ligados a proceso, es de suponer que las autoridades y demás responsables del mal llamado Hogar Seguro también deberán serlo.

Y en este caso la responsabilidad no es solo de quien dirige ese centro, sino de todos aquellos que de manera directa o indirecta ordenaron y aceptaron encerrar a las niñas, práctica que, según los testimonios era cotidiana. Debe entenderse que el llamado Hogar no es un centro de reclusión y que aún en estos el encierro e incomunicación no está permitido. Hubo, pues, retención ilegal de personas y se les negó el auxilio oportuno que pudo evitar la tragedia. El asunto cobra ribetes alarmantes porque el propio presidente de la República, en lugar de cuestionar e impedir que tal procedimiento se diera, se enteró y consecuentemente autorizó ese encierro ilegal. Sin respetar las jerarquías el señor Morales asumió el comando del operativo, bajo el supuesto de que con el encierro a cuatro llaves se impediría que las niñas volvieran a intentar escapar.

El asunto cobra ribetes alarmantes porque el propio presidente de la República.

El alto dignatario no pudo entender que si los niños y niñas deseaban escapar era porque el centro no estaba cumpliendo con sus funciones y que las medidas urgentes no eran encerrarlas si no encontrar los mecanismos para darles la atención y cuidado que el Estado ha establecido se les brinde. Más aún, las informaciones no le fueron transmitidas por los comisarios y secretarios encargados sino, autoritario aunque pusilánime, se entrometió directamente con los policías. Las pocas evidencias existentes muestran fehacientemente que el personal nombrado para atender el mal llamado Hogar Seguro no tiene las más mínimas calificaciones para ejercer tales responsabilidades.

Sin embargo, el presidente insiste en defender a sus delegados, negándose a aceptar que al haber hecho de la función pública una agencia de empleo para amigos y parientes ha impedido que los distintos organismos del gobierno funcionen adecuadamente. Las trágicas muertes que ahora lamentamos perfectamente podrían haberse evitado si en ese centro se hubiese contratado personal especializado, con un claro y adecuado programa de apoyo y atención a esos niños y no, como se ha hecho en todos los demás ámbitos de la función pública, utilizarlos simplemente para congraciarse con parientes y amigos.

El presidente no puede aducir desconocimiento, mucho menos colocar la responsabilidad de lo sucedido en otros entes del Estado, mucho menos en padres de familia. Su obligación era hacer que sus funcionarios atendieran adecuadamente a esas niñas y no que se les encerrara y condujera al sacrificio. Si en todo este drama hay responsables, estos lamentablemente son el propio presidente Morales y sus funcionarios encargados de la Secretaría de Bienestar Social.

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