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Sin duda el mejor reportaje que describió la manifestación del sábado por la muerte trágica de 39 adolescentes el 8 de marzo, fue el realizado por Rodrigo Arias, publicado el domingo en Siglo21.  En su nota, Arias describe de qué manera la Plaza fue aprovechada para lanzar consignas que nada tienen que ver con la tragedia, que de una manera vergonzosa la izquierda trata de manipular, afirmando que “fue una ejecución colectiva, perpetrada con el objetivo de silenciar la voz de las hoy fallecidas”, a los gritos de “Estado femicida170314 ilustración, corrupto y genocida”.

Solo hizo falta que se exigiera una reforma agraria y el cierre de más hidroeléctricas. En las redes sociales circularon mensajes en los que se trató de establecer un paralelismo entre la tragedia de la embajada de España en 1980 y lo sucedido en el hogar denominado con el mayor sarcasmo como “seguro”, Virgen de la Asunción. Un irresponsable escribió en Twiiter: “La masacre de niñas y adolescentes el día de hoy es réplica de las masacres cometidas por el ejército en contra de la población civil desarmada”.

Más allá de esas sandeces, es necesario exigir una investigación pronta, eficiente y, sobre todo, apegada a la verdad y alejada de cualquier manipulación, para encontrar a los responsables materiales, y establecer en qué fallaron las instituciones en manos de funcionarios incapaces e indolentes a lo largo de los años en los que no se les ha prestado la atención debida a los niños y adolescentes encerrados en el hogar que de “seguro” no tiene un ápice. El diario SOY502 publicó el viernes pasado una valiosa entrevista efectuada por Wendy del Cid a una joven identificada como Lesly Daniela, una exinterna del reclusorio, que echa por tierra la difundida versión de violaciones sexuales efectuadas por personas ajenas al lugar de la tragedia, así como también por parte de empleados del lugar.

Describe, eso sí, abusos sexuales entre las mismas adolescentes, que se encontraban clasificadas según la razón por la que estaban allí: violación, protección, abrigo y maltrato familiar, fuga y rebeldía, consumo y pandilla, fuga, prostitución y trata. La entrevistada explica que las pertenecientes a las pandillas “se peleaban mucho, entonces eso atormentaba a las demás”, con lo que da a entender que todas se encontraban mezcladas en algún momento del día.

Un acucioso reportaje de Carolina Gamazo publicado en Plaza Pública en noviembre de 2013 relata, entre otras cosas, cómo en ese lugar, el 17 de octubre del mismo año, una adolescente de 14 años fue estrangulada con una bufanda por dos de sus compañeras de la misma edad, cuando se encontraban aisladas por mal comportamiento.  Dicho lo anterior, si el Ministerio Público realiza un trabajo honesto, que busque encontrar responsables y no fabricar culpables, es muy probable que nos encontremos con una sorpresa desagradable en extremo, que nos haga recapacitar en el sentido que es necesario modificar la ley, para poder juzgar como adultos a los adolescentes que cometen crímenes violentos, para evitar que sigan siendo reclutados por las maras para cometer los crímenes más sangrientos, a sabiendas que son inimputables debido a su corta edad, pero que al ser aprehendidos van a dar a lugares como el de la tragedia del 8 de marzo, en donde hacen un infierno de la vida de niñas y adolescentes que se encuentran allí por motivos ajenos a la comisión de delitos.

De nada sirve ahora que la Procuraduría de Derechos Humanos muestre documentos que nunca pasaron de ser simples papeles, cuando su deber le exigía denunciar enérgicamente lo que sucedía en el hogar “seguro”. Espero que cuando se sepa quiénes son los responsables de la muerte trágica de las 39 jóvenes, ni Jorge De León Duque ni su cuñada Claudia López David, salgan en su auxilio, porque es esa alcahuetería, en buena parte, lo que tiene a Guatemala sumida en la violencia. Es indudable que a todos nos ronda en la cabeza una pregunta que no nos atrevemos a pronunciar ¿Y si fueron ellas mismas?

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