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Destituciones y capturas

editorial

Ayer, el Ministerio Público  anunció la captura de tres exfuncionarios de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS), producto de las investigaciones que se iniciaron desde que ocurrió la tragedia del pasado 8 de marzo, en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

Por la mañana de ayer, en una conferencia de prensa, el presidente Jimmy Morales había anunciado la destitución del secretario y la subsecretaria  de la  SBS , y el encargado del centro para menores ubicado en San José Pinula.

La jornada de ayer culminó con las destituciones y luego las capturas que se hicieron efectivas en horas de la tarde.

Las detenciones se producen en el marco de las declaraciones del Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León,  en torno al caso, donde el magistrado de conciencia lamentó que decenas de menores hayan sido encerradas en un espacio de cuatro por cuatro metros y las hallan aislado con llave.

Esta medida se habría tomado como castigo a una fuga de aproximadamente 60 menores que se escaparon del albergue, una noche antes que se produjera la tragedia.

Entre las investigaciones trascendió que uno de los detenidos ayer, Santos Torres,  director del Hogar Seguro Virgen de la Asunción cuando ocurrió la tragedia, había laborado antes en la Policía Nacional Civil.

Por aparte, el presidente Jimmy Morales anunció que hará la solicitud de cooperación en la investigación de los hechos al Buró Federal de investigaciones de los EE. UU. (FBI), y recalcó la responsabilidad de las autoridades del Organismo Judicial, al mezclar en el interior del  albergue estatal  a adolescentes en conflicto con la ley penal junto con menores en situación de abrigo temporal.

Tal extremo fue adversado por la Asociación de Jueces y Magistrados, que por medio de un comunicado manifestó su más enérgico y categórico rechazo a la criminalización y estigmatización que han venido siendo objeto las menores, al vincularlas con  conflictos con la ley penal.

Por su parte, las autoridades de la Procuraduría General de la Nación presentaron una denuncia contra quienes resulten responsables de la muerte de más de 40 niñas.

Al final del oscuro túnel, construido sobre la base de la opacidad y tardanza con que el Gobierno ha realizado el  manejo de la crisis, y de los múltiples señalamientos realizados contra los encargados de las instituciones y de los Derechos Humanos, todos son potencialmente corresponsables en la tragedia, según los diversos sectores sociales.

La  detención preventiva de los exfuncionarios de la SBS, Carlos Rodas  y Anahí Keller, representa un atisbo de luz en el horizonte.

Un Estado de derecho fuerte se construye con acciones como las de ayer, destinadas a garantizar el logro de la verdad y la aplicación de la justicia, como única respuesta a una barbarie que toca hasta la última fibra del tejido social guatemalteco, que solo podrá sanarse con instituciones que reaccionen de conformidad al debido proceso y con estricto apego al ideal de la justicia.

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